La ONG señala que en España "se procesó a decenas de personas por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en las redes sociales" cuando en realidad se trataba de "opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos".
Además de citar los casos de usuarios de redes sociales —en particular, Twitter—, la organización recuerda que las autoridades españolas han procedido contra otras formas de expresión, como el caso de los titiriteros juzgados en 2016 por incitación al odio por una obra teatral.
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Según la entidad, la Justicia española sigue "aplicando de manera desproporcionada la legislación antiterrorista".
El uso de "fuerza excesiva" en el referéndum catalán
Amnistía Internacional considera que los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado español emplearon una "fuerza excesiva" durante la jornada del referéndum de autodeterminación catalán del 1 de octubre de 2017.
"Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación judicial", recoge la ONG en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
Aunque también recuerda que la Policía española cumplía con una orden "del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impedía la celebración del referéndum" y que "el Gobierno de Cataluña celebró un referéndum desafiando varias sentencias del Tribunal Constitucional".
Según la entidad, "algunas autoridades restringieron de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana", destaca en referencia a la prohibición de dos actos públicos en Madrid de apoyo a la consulta.
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La organización humanitaria considera que el delito de sedición de que se les acusa está "definido de manera muy general".
Un portavoz de AI detalló al diario La Vanguardia que "desde el día de la detención de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el cargo de sedición nos parece excesivo y desproporcionado y, en consecuencia, pedimos que sean liberados".
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 26 сентября 2017 г.
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.
La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referendo pactado.
Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.
La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y la Justicia encarceló a varios dirigentes independentistas por su responsabilidad en la organización de la consulta.
Crímenes cometidos durante la Guerra Civil
La organización Amnistía Internacional critica a España en su informe anual por no investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y desatender, en consecuencia, la política de memoria histórica.
"Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo", señala en su informe.
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Además, la ONG denuncia en su informe anual el deterioro de la situación de la libertad de expresión en España, el uso excesivo de la fuerza en las cargas policiales durante la jornada del referéndum de autodeterminación en Cataluña, el encarcelamiento de dirigentes independentistas, los desalojos forzosos, el elevado número de casos de violencia de género y el incumplimiento de Madrid en materia de política de inmigración y asilo.
