En un auto emitido este 21 de febrero, el juez Pablo Llarena adoptó esta decisión después de que Anna Gabriel eludiera su cita para declarar en el Tribunal Supremo "sin alegar causa legítima que se lo impida".
"Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos", dijo la exdiputada en declaraciones al diario suizo Le Temps.
La Fiscalía solicitó al Supremo la puesta en marcha de una orden de detención tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero el juez instructor decidió limitar el alcance de la misma al territorio español.
El Gobierno suizo avanzó ya a los medios este mediodía que rechazará la extradición de la exdiputada inpdependentista en el caso de que España decida pedirla.
Berna sostiene que los delitos por los que se investiga a Gabriel no están contemplado en las leyes internacionales y tampoco en las del propio país.
Además, señala que la extradición está excluida de la legislación suiza por motivos políticos y únicamente se realiza en casos graves como genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros como la toma de rehenes.