"Terminen con esta absurda situación", le dijo el presidente en el Pleno del Senado a la portavoz de ERC, Mirella Cortés.
La senadora hizo una sucesión de críticas sobre la actuación policial en el referéndum del 1 de octubre y lo que ha llamado "represión violenta" de los catalanes.
"¿Qué quería que hiciera el Gobierno, qué aplaudiera? ¿Iba a dedicarse el Estado a mirar hacia otro lado? Hemos hecho lo que cualquier democracia que se precie. ¿Dónde vive usted? ¿Cree que alguna democracia del mundo hubiera aceptado lo que han intentado algunos en Cataluña?", aseguró Rajoy.
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En su réplica, Cortés reclamó al Gobierno de Rajoy "diálogo" y ha asegurado que ERC "sigue esperando que este se produzca".
Asimismo, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, se declaró "orgulloso" de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante el referéndum de autodeterminación catalán.
Rajoy ha defendido durante una sesión de control en el Senado el despliegue policial y se ha declarado "orgulloso" del mismo, así como de la gestión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y ha destacado que los agentes actuaron en todo momento "con respeto a la legalidad".
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Dirigiéndose a los diputados independentistas ha preguntado: "¿Qué esperaban ustedes que hiciera el Estado?"
El jefe del Ejecutivo también ha calificado de "situación absurda" el estado de las negociaciones para la investidura del próximo presidente del Gobierno catalán.
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.
La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.
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Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y la Justicia encarceló a varios dirigentes independentistas por su responsabilidad en la organización de la consulta.