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Subordinado de Procurador de México vendió software para espiar a opositores

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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) de México fue socio fundador del grupo empresarial proveedor del "malaware" Pegasus, programa malicioso para espiar a periodistas y opositores, reveló la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"Un funcionario de la Procuraduría General de la República fue socio fundador de una compañía ligada al grupo empresarial que vendió en 32 millones de dólares el malware espía Pegasus a la propia PGR", indica una investigación que la asociación compartió con Sputnik.

La pesquisa, encabezada por el periodista de investigación Raúl Olmos, revela cómo un funcionario del organismo estuvo involucrado con el consorcio que cobró a esa dependencia 32 millones de dólares por el malware espía, cuando el procurador era Jesús Murillo Karam (2012-2015).

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Se trata de Luis Fernando Ayala Puente, quien trabajaba en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes del crimen organizado.

Ese funcionario fue "socio fundador de la empresa CITELAE del Centro SA de CV, la cual registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial", revelan las pesquisas.

Cuando la PGR asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull, el socio fundador de CITELAE tenía ocho meses de haberse incorporado como funcionario de segundo nivel en la PGR, señala la investigación.

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Balam Seguridad Privada fue fundada el 15 de mayo de 2012, mientras transcurría la pasada campaña presidencial que ganó el actual presidente Enrique Peña Nieto, y el trámite de inscripción de su nombre comercial fue realizado por intermediación de CITELAE el 3 de julio del mismo año.

Espionaje a periodistas, activistas de DDHH y opositores

En octubre de 2014, una empresa filial de Balam, de nombre Grupo Tech Bull, obtuvo de la PGR un contrato por 32 millones de dólares para surtir el malware de espionaje Pegasus, "el cual ha sido utilizado para infectar teléfonos inteligentes de defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y periodistas", concluye la investigación.

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Uno de los accionistas de Balam, Rodrigo Ruiz de Teresa, tiene vínculos con altos funcionarios y líderes políticos.

Además es sobrino de Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, coordinador federal de Puertos y Marina Mercante, un funcionario "cercano al círculo político del senador Emilio Gamboa (líder del partido gobernante), y su primo Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal trabajaba en la oficina de la Presidencia de la República cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull", prosigue la revelación.

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El accionista de Balam ha negado reiteradamente tener vínculos con Tech Bull, pese a que una cadena de correos filtrados por Wikileaks ha mostrado los nexos empresariales.

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Sin embargo, la investigación corroboró que el hermano de uno de los presuntos testaferros de Tech Bull también trabaja para Balam.

MCCI ha realizado diversas investigaciones de corrupción gubernamental y empresarial, entre las que destaca la ramificación de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que sus expertos han compartido con esta agencia, y el organismo también ha denunciado que es objeto de acoso por sus litigios abiertos en sus investigaciones.

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La organización, que se define como un centro de pensamiento independiente que "trabaja por la transparencia", cuyos expertos han compartido variosde sus hallazgos con esta agencia, denunció en octubre pasado varios "casos de espionaje del que han sido objeto tres miembros de la organización a través del malware Pegasus".

El laboratorio "Citizen Lab" de la Universidad de Toronto, colaboró con el diario estadounidense The New York Times para examinar equipos de telefonía celular de 12 periodistas y defensores de derechos humanos, que resultaron infectados con mensajes maliciosos por ese malware Pegasus, para ser espiados de manera ilícita con sistemas y equipos de informática.

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El periódico neoyorkino publicó el pasado 19 de junio una investigación periodística, en la cual reveló que el Gobierno de México habría utilizado el programa 'Pegasus', proporcionado por un fabricante de Israel que provee solo a gobiernos, lo cual ha sido negado por responsables de la administración de Peña Nieto. 

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