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El Gobierno español estudia modificar el modelo de escuela catalana

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BARCELONA (Sputnik) — El Gobierno de España contempla la posibilidad de modificar el modelo de escolarización en Cataluña, según anunció el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín.

La propuesta del Ministerio de Educación pasaría por modificar las normas de preinscripción escolar para incluir en el impreso que rellenan los padres una casilla en la que pueden escoger el español como lengua vehicular para sus hijos en la escuela.

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La medida podría llevarse a cabo debido a que las competencias en Educación, transferidas al Gobierno catalán, ahora están intervenidas por el Ejecutivo central tras el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

Según Marín, Madrid es "sensible al problema" y, aunque no ha dado una respuesta concluyente, ha avanzado que cualquier decisión se comunicará dentro de unas semanas.

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Los defensores del modelo de inmersión lingüística creen que esta medida podría repercutir tanto en el currículo escolar de los alumnos como en la normalización de la lengua catalana.

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El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados Joan Tardà fue uno de los primeros políticos en responder al anuncio del Ministerio de Educación español.

"Si el Gobierno español aprovecha el 155 para dinamitar la inmersión lingüística evidenciará su mala fe y voluntad de continuar perjudicando a Cataluña, así como nuestra irresponsabilidad de no haber hecho todavía un gobierno republicano tal y como nos pidió la ciudadanía el 21 de diciembre", escribió Tardá en su cuenta de Twitter.

El también diputado de ERC Gabriel Rufián se expresó igualmente en contra del anuncio.

"Lo volveré a decir: un país, dos idiomas; uno con 500 millones de hablantes y el otro con 10", escribió en su cuenta de Twitter al agregar que "la inmersión lingüística no es solo necesaria, es imprescindible" y que "hasta un extraterrestre (no nacionalista español) lo entendería".

​El presidente de una de las mayores plataformas catalanistas de la sociedad civil, Òmnium Cultural, Marcel Mauri, acusó al Gobierno español de querer "imponer por la fuerza la medida".

"Su objetivo es la división social de Cataluña, nuestra fuerza, seguir unidos para avanzar como un solo pueblo: defenderemos sin descanso el modelo de éxito y garantía de cohesión que es la inmersión", escribió Mauri.

​También la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, criticó la medida.

"La enseñanza en catalán es fruto de un consenso social que nos ha cohesionado como país y ha dado la oportunidad a todos los chicos y chicas poder decidir en qué lengua quieren expresarse: todo nuestro apoyo a la escuela catalana y a los profesionales que la hacen posible", declaró.

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​El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

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La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.

Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

​La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

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​La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y la Justicia encarceló a varios dirigentes independentistas por su responsabilidad en la organización de la consulta.

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