La Vanguardia recoge hoy en su edición digital extractos de uno de los últimos informes del cuerpo armado, que señalan que el Gobierno catalán pagó alrededor de un millón de euros a la empresa de transportes Unipost para enviar cartas a los miembros de las mesas electorales, así como las tarjetas censales necesarias para la consulta.
Además, calcula que el Ejecutivo de Carles Puigdemont invirtió 502.639 euros en concepto de publicidad.
La Guardia Civil investiga asimismo al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), al que acusa de haber realizado al menos hasta cuatro transferencias por un total de 159.700 euros para sufragar los costes de la presencia de observadores internacionales durante la jornada de la consulta.
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Por ello la Guardia Civil pide la comparecencia ante el Tribunal Supremo de Amadeu Altafaj, entonces representante de la Delegación de la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo) ante la Unión Europea.
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El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.
La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.
Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.
PP de Cataluña: partido de Puigdemont busca "burlar" al Estado https://t.co/aJquEa2yZq
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 10 февраля 2018 г.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y la Justicia encarceló a varios dirigentes independentistas por su responsabilidad en la organización de la consulta.