Previamente se informó que el comité ejecutivo del ANC que se reunió para decidir el futuro del mandatario envuelto en una serie de escándalos, acordó darle 48 horas para que renuncie al poder o destituirlo si se niega a hacerlo.
En los últimos años, el partido gobernante está sometido a presiones por parte de la oposición que acusa a Zuma de malversación de fondos públicos.
El propio presidente ha rechazado estas acusaciones alegando que todas las operaciones financieras han sido vigiladas por las autoridades competentes.
A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional del país dictó que la cámara baja del Parlamento nacional había incumplido sus obligaciones al no presentar una moción de censura contra Zuma por haber financiado con fondos públicos una renovación de su residencia privada.
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El mandato de Zuma expira en 2019, año en que Sudáfrica debe celebrar las próximas elecciones presidenciales.