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Llaman a declarar a dos exjueces por su papel en la organización del referéndum catalán

© Sputnik / Jordi Boixareu / Abrir banco de fotosEl referéndum en Cataluña (archivo)
El referéndum en Cataluña (archivo) - Sputnik Mundo
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BARCELONA (Sputnik) — Dos exmagistrados, Santi Vidal y Carles Viver i Pi-Sunyer, están llamados a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su papel en la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

Vidal, que fue senador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), será el primero en declarar: lo hará a las 16.00 horas (hora local); Viver i Pi-Sunyer lo hará una hora después, a las 17.00 horas.

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Viver i Pi-Sunyer fue anteriormente magistrado del Tribunal Constitucional y también presidió el Instituto de Estudios de Autogobierno, dependiente de la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo), y fue miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, organismos que fueron disueltos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y la intervención del gobierno autonómico por parte del Ejecutivo central.

Hasta una treintena de personas están siendo investigadas en el proceso en el que están llamados a declarar hoy Vidal y Pi-Sunyer.

A los citados se los investiga por presuntos delitos de rebelión, sedición, revelación de secretos, malversación, desobediencia y prevaricación.

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El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya organizó un referéndum de autodeterminación.

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La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.

Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

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La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y la Justicia encarceló a varios dirigentes independentistas por su responsabilidad en la organización de la consulta.

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