"En Cuba compartimos el esfuerzo por consolidar a la educación superior como un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado, siempre al servicio del progreso de nuestros pueblos", afirmó el titular en alusión al legado del movimiento reformista iniciado por los universitarios de la ciudad argentina hace 100 años, ante los 900 delegados cubanos y 2.000 extranjeros que asisten al foro, procedentes de 60 países.
Recordó que este tipo de enseñanza en Cuba se inició en 1728, y que a lo largo de los siglos experimentó diversas reformas hasta que tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959 se produjeron transformaciones sociales como la eliminación del analfabetismo en el país en 1961, lo cual creó las bases de la verdadera transformación radical del sector educacional.
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Subrayó que desde aquellos primeros momentos, el líder de la Revolución, Fidel Castro, y el comandante Ernesto Che Guevara definieron el papel de la universidad como formadora de ciudadanos mejores, capaces de aportar el triunfo de la nación "en la parte técnica del gran experimento económico y social" que se llevaba a cabo.
"El 10 de enero de 1962, en homenaje a Julio Antonio Mella (1903-1929) se proclamó por el Consejo Superior de la Universidad la Ley de la Enseñanza Superior —recordó el ministro—, que sentaría las bases de los profundos cambios que experimentarían los estudios universitarios y la participación social de la universidad en Cuba".
Según el conferencista, dentro de ese contexto quedó definido que las carreras universitarias responderían al desarrollo del país, estarían en la más estrecha relación con toda la sociedad y todos los hijos del pueblo estarían en condiciones de acceder a la enseñanza superior en igualdad de condiciones.
Según el titular, desde 1959 Cuba graduó casi un millón y medio de profesionales, y cuenta con 12% de la población y el 22% de los trabajadores con nivel universitario.
De acuerdo con el ponente, de las tres mayores universidades existentes en 1959, hoy Cuba cuenta con 50, distribuidas a lo largo y ancho del país, y el sistema incluye también 126 centros universitarios municipales, articulados a las universidades mayores.
"El legado de Córdoba plantea a la universidad la necesidad de afrontar el desafío de imbricarse profundamente en el desarrollo sostenible e inclusivo, que integre lo social, lo económico, lo ambiental e institucional, que contribuya a la disminución de la pobreza y a que no haya las desigualdades que caracterizan a nuestra región", comentó el ministro al referirse a los retos que encara la enseñanza superior en América Latina y el Caribe.
Incluían sus reclamos el establecimiento de concursos de oposición y cátedras libres, gratuidad de la enseñanza y asistencia social a los estudiantes, creación de nuevas facultades y carreras ajustadas a las nuevas condiciones del desarrollo profesional, científico y tecnológico, así como extensión universitaria para lograr más vinculación con la mayoría de la población.
La Agenda 2030, en tanto, es un conjunto de 17 objetivos de desarrollo acordados en septiembre de 2015 por más de 150 jefes de Estado y de Gobierno
