"Hemos observado un paulatino deterioro en la institucionalidad democrática [en Venezuela] que se ha profundizado e intensificado a partir de 2015”, mientras que "en 2017 la situación remontó a una grave alteración del orden constitucional, lo cual fue advertido por la CIDH", indicó el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, durante la presentación del informe, transmitido por las redes sociales.
Esa situación económica y la "alteración del orden constitucional" hizo que miles de venezolanos se manifestaran entre abril y julio del año pasado contra el Gobierno, en unas protestas que dejaron 126 personas muertas.
"Cientos de personas murieron; miles fueron detenidas arbitrariamente, varias denunciaron actos de tortura y otros malos tratos; personas fueron violadas sexualmente y civiles fueron sometidos injustamente a tribunales penales militares", señaló la CIDH en referencia a las protestas de 2017.
"Tenemos mucha expectativa de que la comunidad internacional pueda aumentar la presión para que el Estado de Venezuela implemente las 76 recomendaciones del informe", añadió la CIDH.
Para el organismo la falta de independencia del Poder Judicial es también otro de los problemas destacados en la nación sudamericana.
La salida a la crisis política, económica y social que vive Venezuela debe darse de forma democrática, asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"La salida de esta crisis debe ser democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas; Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos", señaló la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, durante la presentación del informe.
"Hay un colapso de la infraestructura hospitalaria, con 80% de aparatos de diagnóstico inservibles", ejemplificó García Muñoz.
En su informe titulado "Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela", la CIDH también advierte sobre el deterioro de la institucionalidad democrática en el país, que "se ha ido profundizando desde 2015".
Venezuela sufre una crisis económica agravada por la caída de los precios del crudo, ya que 96% de sus ingresos en divisas dependen del hidrocarburo, lo que ha provocado una reducción del presupuesto para las importaciones de alimentos, medicinas y autopartes.
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Caracas sostiene que esta situación se debe a una "guerra económica" impulsada por sectores productivos del país que se han aliado para incrementar el costo de vida y generar malestar en la población, como parte de un manual de ataque no convencional de EEUU para desestabilizar a su Gobierno.
