Un día después de asumir el cargo, en un acto en el que denunció que están acéfalas las fiscalías, auditorías y tribunales federales y provinciales anticorrupción, Acosta estimó probable que el nombramiento de todos los cargos del Sistema se demoren hasta después de los comicios presidenciales y legislativos de julio próximo, si lo impide el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante).
"Es una probabilidad que se paralice el proceso hasta después de las elecciones, aunque el senador Emilio Gamboa [jefe de la bancada oficialista] dijo que se resolvería en este periodo", confió.
Consultada sobre quién cargará con la responsabilidad si fracasa la esperada construcción del SNA, vigente desde 2016, expresó que "si no se llega a un acuerdo, inevitablemente la responsabilidad será del actual Gobierno" de Peña Nieto.
La experimentada pionera y defensora de los derechos humanos en organismos internacionales y exvicecanciller, dijo en su discurso de toma de posesión que "lamentablemente, algunas piezas fundamentales del sistema están ausentes".
Lea más: Policía mexicana detiene a exdirectivo del partido de Peña Nieto acusado de peculado
Acosta deploró llegar al cargo cuando aún falta nombrar al fiscal anticorrupción, a dieciocho magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y a un nuevo auditor superior de la Federación.
Ese proceso "se enredó" con un amargo debate en el Congreso, acerca de una nueva reforma constitucional, propuesta por la oposición y organismos de la sociedad civil para establecer una fiscalía "autónoma e independiente".
Más aquí: México confirma que hubo reuniones de Peña Nieto con Odebrecht pero desmiente sobornos
Parte de esa reforma consistiría en eliminar la conversión automática del actual procurador en nuevo fiscal general, para los próximos nueve años, considerado un posible "pacto de impunidad" con el presidente.
En su carta de dimisión, Cervantes dijo que renunciaba para no perturbar los debates en el Congreso sobre las instituciones de justicia.
"Allí se detuvo el proceso, aunque hubo comparecencias en el Senado", para elegir fiscales general y anticorrupción, explicó Acosta
La más grande barrera
La nueva titular de la instancia ciudadana del sistema estatal estima que "el tema del fiscal anticorrupción tiene un obstáculo más grande: la creación de una fiscalía general autónoma y profesional".
En cuanto a los magistrados anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, que debería nombrar el Senado, la oficina del presidente Peña Nieto envió una lista de candidatos.
"Solicitamos que nos aclararan los criterios de idoneidad de los candidatos a 18 magistraturas; pero no nos han respondido", lamentó.
Le puede interesar: "Corrupción y promesas de cambios influirán en elecciones de México"
Ocurre algo parecido en el estancamiento para nombrar nuevo auditor superior de la Federación, pero es un cargo vital en el sistema, advirtió.
Acosta señaló que "ese nombramiento es más urgente, la ausencia del auditor federal es clave, porque fiscaliza el ejercicio del gasto público".
Entre los caso de corrupción más urgentes, señaló el escándalo de 10,5 millones de dólares pagados por la brasileña Odebrecht en México, como parte de los 788 millones de dólares de coimas repartidas en América Latina y África.
Lea también: Casos de peculado muestran un patrón a favor del oficialismo en México
Al menos cuatro millones habrían sido pagados por la constructora al extitular de Pemex, Emilio Lozoya (2012-2016), acordados mientras integró el equipo de campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, según confesiones de los gerentes de la empresa a la justicia de Brasil, entregadas a México.
"El Comité Ciudadano presentó un exhorto para que la que procuraduría informara sobre los avances del caso Odebrecht, pero no han informado nada que yo sepa, sería un paso muy importante", puntualizó.
"Desde entonces se aceptaba que lo generales de la Revolución Mexicana eran corruptos", puntualizó.
La reforma constitucional del SNA fue aprobada en 2015, y promulgada por Peña Nieto en mayo de ese año; sus leyes fueron votadas en julio de 2016, pero desde entonces la fiscalía anticorrupción permanece acéfala.
Siga aquí: Desastres naturales de 2017 en México develaron efectos de la corrupción
