"En el caso por el cual se ha pronunciado la ciudadana fiscal de la CPI (Fatou Bensouda), debo decir que su información pudiera parecer no solo sesgada, sino que no ha tenido (…) la oportunidad de (…) solicitarle a este Ministerio Público información sobre la judicialización o no, de los casos a los cuales hace referencia", afirmó el fiscal general Tarek William Saab en rueda de prensa en Caracas.
Estas declaraciones se produjeron luego que Bensouda anunció este 8 de febrero el inicio de un "examen preliminar" sobre la supuesta "fuerza excesiva" usada por la Policía Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional para "dispersar y reprimir manifestaciones" en 2017.
Además, la CPI analizará denuncias de presuntos "graves abusos" a los que se cree han sido sometidos los detenidos.
Lea más: Sanciones de la UE buscan "alentar" la violencia en Venezuela
El fiscal general venezolano aseguró que tiene "suficiente documentación" que releva los casos que han sido atendidos en coordinación con la Defensoría del Pueblo y los tribunales locales, y destacó que en algunos ya ha habido sentencias.
Venezuela es parte del Estatuto de Roma, que creó la CPI, y cuyo artículo 15 exige que para identificar situaciones bajo la jurisdicción de ese tribunal el fiscal debe conducir un examen preliminar de la información recibida.