"Acudiremos a todas las instancias del derecho internacional, pero sobre todo a la unidad del pueblo para rechazar esta insolente intromisión de nuestro sistema democrático", declaró el miércoles el mandatario en una reunión con los representantes de las otras cuatro funciones del Estado (legislativa, judicial, electoral y de transparencia) con quienes se citó para definir una estrategia que defienda internacionalmente los resultados del plebiscito del 4 de febrero.
En ese sentido, insistió en que no permitirá "bajo ninguna circunstancia" que se trate "de dejar fuera de la democracia la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano manifestada en las urnas" e hizo un llamado "a todas las autoridades" a sumarse a "esta defensa patriótica que es una causa de todos los organismos y entidades del Estado, pero sobre todo del pueblo ecuatoriano en su conjunto".
Se anunció también que este jueves viajarán a la sede de la CIDH, la canciller María Fernanda Espinosa y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado.
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Moreno incluyó la pregunta relacionada con la reforma al Consejo luego de la lluvia de críticas que recibió el organismo desde su creación en 2009 por su falta de independencia y porque la mayoría de autoridades de control seleccionadas tenían una relación directa con el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017).
El Consejo de Participación tiene, entre otras funciones, la de designar a través de concursos de méritos y oposición al contralor, procurador, fiscal, defensor del pueblo, defensor público, superintendentes, integrantes del Consejo de la Judicatura, etc.
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El pedido de la Comisión se debe tramitar ahora en la Corte IDH, que deberá revisar los argumentos y definir si acepta o no el pedido de medidas cautelares a favor de los consejeros, que será de obligatorio cumplimiento para el país en caso de aceptarse.