Anteriormente los ciudadanos ecuatorianos aceptaron mayoritariamente cesarlos en sus funciones en la consulta popular del 4 de febrero.
"El Gobierno ecuatoriano rechaza el accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales de la Comisión", señala un comunicado de la cancillería nacional donde se explica que "a pesar de contar con la amplia y contundente información oficial del Estado ecuatoriano", la Comisión "se ha pronunciado únicamente a través de un boletín de prensa que contiene datos imprecisos y descontextualizados que ofrecen una visión parcializada y errónea del proceso democrático nacional".
El organismo internacional justificó su pedido señalando que la única vía para destituir a los miembros del Consejo de Participación, que deberían estar en funciones hasta 2020, es "a través de enjuiciamiento político ante la Asamblea Nacional" y no por un mecanismo diferente como la consulta popular que tuvo lugar el 4 de febrero en el país.
Asimismo, la CIDH asegura que el mecanismo de consulta popular "estaría siendo utilizado" para evadir el procedimiento legal de destitución del actual Consejo de Participación Ciudadana a través del legislativo y que por ello la situación planteada por los demandantes "podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para el otorgamiento de medidas provisionales".
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Ante esto, el Gobierno reiteró que el plebiscito tuvo "plena legalidad y legitimidad" y que en ella "el pueblo ecuatoriano expresó de forma abrumadoramente mayoritaria su respaldo a las propuestas emanadas del amplio diálogo sostenido por el presidente Lenín Moreno con diversos actores de la sociedad ecuatoriana".
El jefe de Estado justificó la inclusión de esta pregunta en la consulta popular debido a la lluvia de críticas que recibió el organismo desde su creación en 2009 por su falta de independencia y porque la mayoría de autoridades de control seleccionadas tenían una relación directa con el entonces presidente Rafael Correa.
El Consejo de Participación tiene, entre otras funciones, la de designar a través de concursos de méritos y oposición al contralor, procurador, fiscal, defensor del pueblo, defensor público, superintendentes, integrantes del Consejo de la Judicatura, entre otros.
Tras el pronunciamiento de la Comisión, la Corte IDH deberá revisar los argumentos y definir si acepta o no el pedido de medidas cautelares a favor de los consejeros, que será de obligatorio cumplimiento para el país.
