"He convocado a todas las funciones del Estado para expresar en unidad de país, ante los organismos internacionales, nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter tras conocer el pronunciamiento de la CIDH.
He convocado a todas las funciones del Estado para expresar en unidad de país, ante los organismos internacionales, nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional.
— Lenín Moreno (@Lenin) 7 февраля 2018 г.
La resolución de la Comisión señala que las medidas cautelares se solicitaron con la finalidad de que se ordene al Estado abstenerse "de destituir" a los actuales miembros del Consejo de Participación" y "de crear un Consejo transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho".
Pero el Gobierno rechaza esta postura y se mantiene en que el llamado al plebiscito fue constitucional, así como las preguntas que se pusieron a consideración de la ciudadanía y que obtuvieron entre el 60 y 70% de respaldo; específicamente, la pregunta sobre la reforma al CPCCS logró un apoyo de 63,08%.
Tras conocer el pedido de la CIDH, la cancillería rechazó en un comunicado "el accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales de la Comisión" pues "a pesar de contar con la amplia y contundente información oficial del Estado ecuatoriano se ha pronunciado únicamente a través de un boletín de prensa que contiene datos imprecisos y descontextualizados", explicó la entidad.
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Con esta resolución, la Corte IDH deberá revisar los argumentos y definir si acepta o no el pedido de medidas cautelares a favor de los consejeros, que será de obligatorio cumplimiento para el país en caso de aceptarse.
Moreno incluyó esta pregunta en la consulta popular luego de la lluvia de críticas que recibió el organismo desde su creación en 2009 por su falta de independencia y porque la mayoría de autoridades de control seleccionadas tenían una relación directa con el entonces presidente Correa.
El Consejo de Participación tiene, entre otras funciones, la de designar a través de concursos de méritos y oposición al contralor, procurador, fiscal, defensor del pueblo, defensor público, superintendentes, integrantes del Consejo de la Judicatura, entre otros.
