"La misión considera que muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podrían haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional", indicó el jefe de la misión, Leonardo Valdés, durante la lectura de un primer reporte preliminar.
Esto en referencia a las observaciones que quedaron pendientes de resolver al interior de la Corte y que, sobre todo, provenían de personas contrarias al plebiscito, entre ellos los aliados al expresidente Rafael Correa, quienes permanentemente expresaron su malestar porque la consulta no fue aprobada por el ente constitucional.
Incluso, los críticos basaron su campaña en este argumento, insistiendo en que el plebiscito era "inconstitucional" porque no contaba con el visto bueno de la Corte.
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Sin embargo, el Gobierno de Moreno desestimó estos argumentos aduciendo que el organismo constitucional incumplió con el plazo establecido de 20 días e incluso superó los 50 días sin emitir el informe respectivo.
Valdés aclaró que si bien la misión "no califica ni evalúa la actuación de ninguna autoridad", sí reconoce que "la falta de pronunciamiento provocó una situación de controversia legal" y apuntó que "la propia Constitución del país le otorga a la Corte la posibilidad de pronunciarse, ya sea por reclamos o como control abstracto" aunque haya tenido lugar la consulta.
"La falta de pronunciamiento provocó una situación de conflicto en término de expresiones jurídicas", manifestó el delegado al recordar que "la Corte tiene facultades para hacerlo (emitir un pronunciamiento) todavía".
La OEA también sugirió a Ecuador utilizar instrumentos internacionales para la redacción de las preguntas, pues encontraron que en para la consulta no se establecieron "criterios específicos para la formulación de preguntas" por lo que "recomienda fortalecer el marco normativa que rigen los procesos de democracia directa" pues "existen criterios internacionales como el Código de Buenas Prácticas para Referéndums de la Convención de Venecia".
Asimismo, recomendó que en una próxima consulta popular se cree al menos "dos comités: uno por el Sí y otro por el No" que sirvan "para articular los argumentos por una misma postura, mejorar el impacto de las campañas, facilitar la coordinación entre los actores y optimizar el uso de recursos públicos".
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Finalmente, la delegación invitó a las autoridades electorales ecuatorianas a desarrollar un protocolo de horarios de divulgación con la finalidad de que los ciudadanos sepan exactamente a qué podrán conocer los primeros resultados y evitar, de esta manera, la incertidumbre.
Además de la OEA, la Unasur, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés) cumplieron como observadores y en los próximos días también presentarán sus informes.
Previamente, todos los organismos destacaron la manera pacífica en que se llevaron adelante los comicios.
