Casi 9.000 reclusos votaron en Ecuador previo a la consulta popular

QUITO (Sputnik) — Un total de 8.981 personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada sufragaron en Ecuador dos días antes de la consulta popular, debido a los protocolos de seguridad específicos que se requiere para esta población.

Las votación de los reclusos se cumplió "en 40 centros en total (29 centros de rehabilitación social, nueve centros de detención provisional y dos centros de adolescentes infractores) ubicados en 20 provincias del Ecuador", indicó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un reporte oficial.

El organismo electoral señaló además que la jornada se desarrolló con normalidad e informó que estas personas fueron previamente capacitadas en "procesos de formación cívica y democrática".

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, señaló que de esta manera se cumplió el compromiso del Estado de facilitar a este sector de la población "el ejercicio de este derecho", pues "es parte de la actividad rehabilitadora garantizar el cumplimento de los derechos políticos de las personas privadas de libertad que aún no tienen sentencia".

El registro electoral de este grupo poblacional se obtuvo del Ministerio de Justicia, cuyos datos fueron recopilados y validados por el CNE para elaborar el padrón electoral.

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Una vez terminado el proceso de sufragio el material será transportado por la Policía Nacional hasta la junta provincial correspondiente, donde se contarán los votos el día de la consulta.

En 2008, la Constitución de la República garantizó el voto a las personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria no ejecutoriada.

El próximo 4 de febrero, algo más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre siete preguntas: cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta popular (reformas a leyes menores).

La primera interrogante consultará a la ciudadanía si está de acuerdo con que se enmiende la Constitución "para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes".

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La segunda plantea eliminar la posibilidad de reelección indefinida, lo que impediría que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) vuelva a postularse a la magistratura; mientras que, de aprobarse, la tercera pregunta facilitará la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de elegir a las principales autoridades de control del país.

En la cuarta se consultará a la población si está de acuerdo con enmendar la Constitución "para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes", y la quinta pregunta tiene como objetivo prohibir "sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos".

La sexta consulta plantea derogar la Ley de Plusvalía y la séptima incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del país.