A través de una campaña que desarrollada durante las últimas semanas, la cancillería llamó "a ejercer el derecho al voto a los 395.178 migrantes empadronados en todo el mundo", señala un comunicado.
En el exterior, los ecuatorianos no están obligados a sufragar, a diferencia de lo que sucede en territorio nacional donde el voto sí es obligatorio.
Según datos oficiales, el número de migrantes ecuatorianos que participa en los procesos electorales se mantiene estable desde 2013.
Hace ocho años, un total de 78.897 ecuatorianos sufragaron, mientras que en 2013 la cifra alcanzó los 133.045, un número similar al de 2017, cuando ejercieron su derecho al voto 133.026 ciudadanos residentes en el extranjero.
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La cancillería explicó que la mayor participación en el exterior "se registró en el año 2006, cuando por primera vez la comunidad migrante ecuatoriana residente en el exterior accedió a ese derecho".
La secretaría de Estado indicó que "si bien se ha incrementado el padrón electoral y la participación es consistente, el ausentismo aún es alto" pues los porcentajes reflejan que en 2009 alcanzó 57,3%, en 2013 se ubicó en 53,4% y para 2017 la cifra fue de 64,8%.
Los migrantes ecuatorianos residentes en el exterior pueden votar en las tres circunscripciones en el extranjero: América Latina, El Caribe y África; Estados Unidos y Canadá, y Europa, Asia y Oceanía.
El próximo 4 de febrero, algo más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre siete preguntas: cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta popular (reformas a leyes menores).
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La segunda, en cambio, plantea eliminar la posibilidad de reelección indefinida, lo que impediría que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) vuelva a postularse a la magistratura; mientras que, de aprobarse, la tercera pregunta facilitará la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de elegir a las principales autoridades de control del país.
En la cuarta se consultará a la población si está de acuerdo con enmendar la Constitución "para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes", y la quinta pregunta tiene como objetivo prohibir "sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos".
La sexta pregunta plantea derogar la Ley de Plusvalía y la séptima incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del país.
