En vísperas Vesti publicó en su página web que las fuerzas de seguridad están preparando para este 3 de enero un nuevo registro en las oficinas del diario y la radio Vesti, la web vesti-ukr.com y el recurso sobre negocios ubr.ua, algo que, según el grupo, tiene el objetivo de expulsar a sus empleados de su lugar de trabajo.
El jefe de la unión periodística llamó a las fuerzas de seguridad a hacer pública la información sobre sus operaciones.
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Al mismo tiempo, al referirse a la situación, señaló que es un caso de discriminación respecto a los medios que critican a las actuales autoridades y los servicios de seguridad.
La Fiscalía de Ucrania informó que puesto que los locales que arrienda Vesti también son parte de los bienes confiscados al exministro, fueron entregados a la oficina de la Agencia Nacional para identificación, búsqueda y gestión de activos procedentes de delitos de corrupción y el grupo mediático debe concretar las condiciones de uso de locales con ese organismo.
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Vesti, por su parte, aseguró que el contrato de alquiler aún no venció y, además, en los locales están montados unos equipos frágiles y sofisticados.