"El paciente no puede tener su libertad de locomoción cercenada en base a afirmaciones que no son atribuidas a él", sostiene el fallo, en referencia al argumento de que el entorno del expresidente había hecho duras críticas al sistema judicial brasileño, y añade: "Las críticas, por si solas, no pueden conducir a la conclusión de que estaría pretendiendo evadirse de Brasil y solicitar asilo político en otro país".
Lula fue condenado la semana pasada en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero, aunque el conflicto del pasaporte no está relacionado con este caso judicial.
El juez federal Bruno Apolinário, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, quien ordenó la devolución del pasaporte, es el encargado de otro proceso judicial en el que Lula está imputado acusado de tráfico de influencias, por supuestamente haber maniobrado para favorecer a empresas suecas fabricantes de aviones, ya durante el mandato de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016).
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La prohibición se decretó justo el día antes de que el expresidente viajara a Etiopía, donde tenía previsto participar en un foro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) sobre la lucha contra el hambre en África, cita que tuvo que cancelar a última hora.
Esto no causaría "ningún trastorno" a las acciones penales a las que responde ante la Justicia, según el magistrado, ya que no estaba previsto ningún acto procesal que requiriese de su presencia durante el periodo en que iba a ausentarse de Brasil.
A pesar de haber sido condenado en segunda instancia el líder izquierdista fue confirmado por el Partido de los Trabajadores como su precandidato de cara a las elecciones que se celebran en octubre, y en las que figura como favorito en todos los escenarios planteados por las encuestadoras.
