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Adultos mayores votaron por adelantado en consulta popular de Ecuador

CC0 / Pixabay / Una persona discapacitada
Una persona discapacitada - Sputnik Mundo
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QUITO (Sputnik) — Un total de 756 adultos mayores con discapacidad sufragaron por adelantado en la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno para este 4 de febrero mediante el programa Voto en Casa, diseñado para promover la inclusión electoral de los ciudadanos que no pueden trasladarse hasta sus recintos electorales.

"Hoy sufragaron estos 756 ciudadanos que tienen discapacidades de más de 75% o algún tema que les impide movilizarse, y nuestra meta para las elecciones seccionales de 2019 es ampliar este número y quizá superarlo", dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, durante la inauguración de esta jornada diferenciada.

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Quienes votan bajo esta modalidad por lo general son personas mayores de 65 años que no pueden movilizarse debido a su condición física, por lo que brigadas del CNE se distribuyen a lo largo del país para visitar los domicilios de las personas registradas y facilitar su derecho a sufragar, bajo la supervisión de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Las personas que tienen discapacidad pero que sí pueden movilizarse —y que suman 374.409— podrán votar en los recintos electorales respectivos en las mesas de atención preferente designadas a este grupo poblacional.

Las 756 personas que sufragaron están distribuidas en las 24 provincias del país, aunque la mayoría está registrada en las provincias de Guayas (oeste), Manabí (oeste) y Pichincha (norte).

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El 1 de febrero, en cambio, votaron de forma adelantada las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada, que ascienden a casi nueve mil ciudadanos.

Este 4 de febrero, algo más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre siete preguntas: cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta popular (reformas a leyes menores).

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Algo más de 13 millones de ecuatorianos decidirán este 4 de febrero si están de acuerdo con modificar cinco aspectos de la Constitución de su país: la muerte civil para quienes cometan actos de corrupción, la eliminación de la reelección indefinida para todas las autoridades elegidas por voto popular, la reforma al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la no prescripción de los delitos sexuales contra niños y la prohibición de la minería metálica en zonas sensibles.

Asimismo, serán consultados sobre la posibilidad de derogar la ley de plusvalía y disminuir el área de explotación petrolera en el parque Yasuní, una de las zonas ecológicas más sensibles del país, aunque estas preguntas reformarán únicamente leyes menores y no la Constitución. 

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