"Quien aún crea que en España no se encarcelan ideas que se lea la interlocutoria del juez [Pablo] Llarena", escribió Rull en su cuenta de Twitter en referencia al juez instructor del caso contra los responsables políticos del referéndum de autodeterminación catalán.
Qui encara cregui a Espanya no s’empresonen idees que es llegeixi la interlocutòria del jutge Llarena. I, tanmateix, continuarem essent independentistes. Pacíficament, cívicament, democràticament. Com ho hem fet sempre.
— Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 2 de febrero de 2018
Con todo, agregó Rull, "continuaremos siendo independentistas: pacíficamente, cívicamente, democráticamente, como hemos hecho siempre."
En un sentido similar se expresó Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): "Aplaudirlo es no tener vergüenza, callar es no saber que quizás eres el siguiente", escribió en la misma red social.
Auto de Llarena a Forn. Aplaudirlo es no tener vergüenza. Callar es no saber que quizás eres el siguiente. pic.twitter.com/aSKs5RJ5Nf
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 2 de febrero de 2018
"En su interlocutoria, el juez Llarena deja claro que mantiene en prisión a [el exconsejero de Interior] Quim Forn por su ideología", comunicó Òmnium Cultural —una de las mayores plataformas soberanistas de la sociedad civil catalana— al agregar que se trata de "un ataque directo a la libertad de pensamiento".
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.
Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.
La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
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La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y encarceló a varios dirigentes independentistas.
