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Diputado independentista catalán denuncia que España encarcela por motivos ideológicos

© REUTERS / Albert GeaEstelada, bandera separatista de Cataluña
Estelada, bandera separatista de Cataluña - Sputnik Mundo
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BARCELONA (Sputnik) — El Gobierno español persigue "ideas" con la cárcel, denunció el diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Josep Rull.

"Quien aún crea que en España no se encarcelan ideas que se lea la interlocutoria del juez [Pablo] Llarena", escribió Rull en su cuenta de Twitter en referencia al juez instructor del caso contra los responsables políticos del referéndum de autodeterminación catalán.

Con todo, agregó Rull, "continuaremos siendo independentistas: pacíficamente, cívicamente, democráticamente, como hemos hecho siempre."

En un sentido similar se expresó Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): "Aplaudirlo es no tener vergüenza, callar es no saber que quizás eres el siguiente", escribió en la misma red social.

"En su interlocutoria, el juez Llarena deja claro que mantiene en prisión a [el exconsejero de Interior] Quim Forn por su ideología", comunicó Òmnium Cultural —una de las mayores plataformas soberanistas de la sociedad civil catalana— al agregar que se trata de "un ataque directo a la libertad de pensamiento".

El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

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La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.

Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

Lea también: La investidura del Gobierno catalán, un callejón sin salida

La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y encarceló a varios dirigentes independentistas.

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