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Ecuador decide en las urnas el futuro del correísmo

© REUTERS / Daniel TapiaPreparaciones para el referéndum del 4 de febrero en Ecuador
Preparaciones para el referéndum del 4 de febrero en Ecuador - Sputnik Mundo
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No ha pasado ni un año desde que Lenín Moreno asumiera la jefatura del Estado ecuatoriano y, sin embargo, el país parece irreconocible. El expresidente Rafael Correa, casi idolatrado durante años por activar una serie de profundas reformas, es ahora un ser apestado al que lanzan huevos e improperios. ¿Qué ha pasado en estos meses?

Moreno fue elegido para el cargo en mayo pasado como representante del partido-movimiento Alianza País, con el que Correa se había mantenido en el poder durante una década (2007-2017). Moreno venció al candidato de la derecha, el exbanquero y millonario Guillermo Lasso, por menos de tres puntos de margen (51,16% de los votos frente al 48,84%). El perdedor no reconoció la victoria, calificó de fraude el resultado y presionó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que llevara a cabo un recuento de las papeletas. El triunfo de Moreno quedó confirmado.

Durante la campaña electoral, Moreno se había postulado como un político continuista de la llamada Revolución Ciudadana, alabando la gestión y la personalidad de su predecesor, quien había anunciado que dejaba la política activa y se iba a vivir a Bélgica, de donde su esposa es oriunda.

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Ya instalado en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, Moreno nombró a personas afines al Gobierno anterior pero también a otros nuevos empresarios. Hasta entonces, todo correcto. Era necesario que entrara aire fresco. El problema surgió cuando Moreno empezó a desmarcarse de su mentor y lanzó una estrategia de 'diálogo nacional', astutamente utilizada por la derecha y las elites empresariales para defender el nuevo ambiente de 'libertad' generado.

Precisamente en este asombroso contexto, llegaron a Ecuador las ondas de choque de un escándalo monumental de corrupción iniciado en Brasil: el caso Odebrecht. Alcanzaron a altos funcionarios del Gobierno de Correa, pero muy especialmente al vicepresidente Jorge Glas, que fue condenado a seis años de cárcel.

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Los "casos descubiertos, magnificados por los políticos de la antigua oposición y los medios de comunicación que los secundan, golpearon seriamente la imagen de la Revolución Ciudadana", estima Juan José Paz y Miño Cepeda, profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

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Como consecuencia de todo esto, la correlación de fuerzas dio un giro súbito y radical. La brecha abierta por Moreno aglutinó a sectores muy distintos entre sí. Por un lado, la derecha y la clase empresarial encontraron la oportunidad de canalizar su sentimiento anticorreísta visceral. A estas fuerzas conservadoras se sumaron dirigentes de movimientos indígenas y trabajadores, atraídos con puestos públicos o nuevas prebendas. A la prensa privada también se sumaron los medios de comunicación públicos en este rápido proceso de 'descorreización'.

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Así, Moreno y su equipo convocaron para el 4 de febrero una consulta popular, con siete preguntas, un referéndum que tiene como objetivo legitimar las nuevas circunstancias políticas y dar rápida sepultura al correísmo. Son tres las cuestiones de mayor importancia y controversia: la número dos, que propone negar la reelección indefinida; la número tres, que restructuraría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); y la número seis, que derogaría la ley de plusvalía.

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La segunda pregunta es un torpedo directo contra la línea de flotación de Correa, porque impediría su regreso al poder en 2021, propósito explícitamente publicitado por quienes defienden el sí en el referéndum. La tercera es la que tiene más enjundia y por eso fue considerada por Correa como "un golpe de Estado". Se trata de la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una institución autónoma concebida en la Constitución de 2008.

Si se aprobara esta modificación, el Parlamento nombrará a los siete miembros del CPCCS de transición (en el futuro sería por elecciones) entre las ternas que envíe el Ejecutivo. En otras palabras, el Gobierno quiere que los componentes del CPCCS sean elegidos mediante votación y no por un concurso de oposición y méritos como se ha estado haciendo hasta ahora.

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El nuevo Consejo podrá nombrar contralor, fiscal, procurador, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional de la Judicatura (que designa jueces), Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, superintendentes (técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales). Tiene pues un enorme poder en sus manos.

"Se interviene, por tanto, en una de las cinco funciones del Estado creadas por la Constitución de 2008 y además, de triunfar el sí, es previsible que las nuevas autoridades resulten de las componendas políticas, involucrando al Ejecutivo. Sería un retroceso histórico a los amarres típicos de la vieja clase política, que parecían superados desde 2007", escribe Paz y Miño Cepeda en un artículo publicado en el diario mexicano La Jornada.

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Las cinco funciones del Estado ecuatoriano a las que el historiador hace referencia son la ejecutiva, la legislativa. La judicial, la electoral y la de transparencia y control social.
Finalmente, la sexta pregunta del plebiscito supone una clara concesión al sector empresarial que considera que el impuesto sobre la venta de bienes inmuebles afecta sus negocios.

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Correa, por su parte, rompió con su partido y ahora se siente traicionado por la maniobra de Moreno. Regresó de Europa para hacer campaña en favor del no, pero se ha encontrado un país completamente distinto. En la ciudad ecuatoriana de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, situada al noroeste de Quito, arrojaron desperdicios y otros objetos contra el vehículo todoterreno en el que viajaba. El expresidente estuvo retenido más de tres horas dentro de la emisora de radio a la que había ido para hacer propaganda. Tuvo que salir escoltado por un coche de policía para escapar de la turba que no tenía ánimos muy pacíficos. El lamentable suceso habría sido inaudito hace apenas un año.

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Correa denunció que las personas allí reunidas fueron enviadas por las autoridades locales afines a Moreno. Por su parte, el actual mandatario se desmarcó de esa acción intimidatoria al escribir en su cuenta de Twitter que "nada se resuelve con agresiones verbales o físicas" pues "nadie tiene por qué ser agredido", a la vez que subrayó que hay que "desterrar el odio y la violencia".


LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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