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Procurador ecuatoriano renuncia tras una década en el cargo para volver al sector privado

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QUITO (Sputnik) — El procurador ecuatoriano Diego García anunció su renuncia por razones personales tras permanecer casi una década en el cargo.

"Mi renuncia responde única y exclusivamente a la decisión personal y familiar de concluir una importante etapa de servicio público, para retomar la actividad privada y regresar al libre ejercicio profesional al que dediqué la mayor parte de mi vida y que interrumpí cuando fui llamado al importante reto de hacerme cargo de la defensa legal de los intereses del Estado", señaló el funcionario en un boletín remitido por la entidad.

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La renuncia de García se da a escasos días de que se realice en el país una consulta popular que, entre otros temas, planteará a la ciudadanía si está de acuerdo con reformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano encargado de seleccionar a las principales autoridades de control del país, entre ellas al procurador.

Esta interrogante plantea que el actual Consejo sea cesado en sus funciones para dar paso a uno de transición que será nombrado a través de ternas enviadas por el Ejecutivo al parlamento y que tendrá la potestad de remover, si así lo considera necesario, a las autoridades nombradas por sus antecesores, como el procurador, contralor, fiscal, defensor público, defensor del pueblo, superintendentes, entre otros, con lo que el cargo de García también estaría a disponibilidad.

De acuerdo con las normas constitucionales vigentes, le corresponde al subprocurador Rafael Parreño ocupar temporalmente la titularidad de la entidad hasta que se designe a un reemplazo definitivo.

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García fue designado procurador por la Asamblea Constituyente del 2008, y luego fue nombrado nuevamente por la Asamblea Nacional el 18 de enero de 2011 tras su designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana el 13 de enero de 2011.

El 5 de febrero de 2015 fue ratificado en el cargo luego de que el Consejo lo seleccionara de nuevo y debía permanecer en funciones por cuatro años.

Durante su gestión estuvo al frente de procesos arbitrales internacionales planteados en contra del Ecuador por las compañías Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, Murphy Exploration and Production Company-International, Occidental, Burlington, Perenco, Ulysseas, Copper Mesa Mining, Merck Sharp & Dohme, entre otros.

El 4 de febrero más de 13 millones de ecuatorianos votarán en la consulta popular sobre siete preguntas: cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta (reformas a leyes menores).

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