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Cataluña estudia la opción de tener un Ejército para defenderse de España

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MADRID (Sputnik) — El Gobierno de Cataluña estudió la posibilidad de crear un Ejército o de conseguir la protección temporal de otro Estado para defenderse de posibles represalias de España si se producía la independencia del territorio, según un informe de la Guardia Civil cuyo contenido publica el diario El País.

De acuerdo con la información adelantada por este diario, la Guardia Civil entregó un informe a un juzgado de Barcelona en el que se concluye que la Generalitat (Ejecutivo catalán) diseñó la creación de un Ejército "destinado a la defensa de la República".

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Esta conclusión se desprende del análisis de más de 20.000 correos incautados a Lluís Salvadó, exsecretario catalán de Hacienda, en los que se incluye un documento titulado "La seguridad de la República catalana".

Ese documento señala "que hay mucha incertidumbre sobre cómo se comportará el Estado español" durante el "periodo de transición" hacia una eventual Cataluña independiente.

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En ese dossier, los autores plantean que Cataluña "necesitará que otro estado le dé protección de manera temporal" e incluso ponen sobre la mesa la opción de implantar un servicio militar obligatorio, aunque esa posibilidad se descarta por el más que previsible rechazo de la población.

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De acuerdo con el informe de la Guardia Civil, estos correos revelan que el Gobierno catalán pretendía declarar la independencia por la "vía de la secesión".

El Tribunal Supremo instruye actualmente una causa contra más de una veintena de cargos catalanes por la presunta comisión de delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia cometidos durante el proceso independentista desarrollado en la pasada legislatura.

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Ese proceso —desarrollado pese a las distintas prohibiciones del Tribunal Constitucional al respecto— derivó en la celebración de un referéndum de autodeterminación el pasado 1 de octubre y en la adopción por parte del Parlamento de Cataluña de una declaración de independencia el 27 de octubre, aunque la Generalitat no adoptó ninguna medida para implementarla.

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