"No va a haber nada que impida dar la asistencia que se necesita para Puerto Rico", dijo el director de FEMA para Puerto Rico e Islas Vírgenes, Alejandro De La Campa, al diario El Nuevo Día.
De La Campa explicó que tras el huracán del pasado 20 de septiembre, las primeras asignaciones de fondos se destinaron a la atención de emergencias, pero que el actual presupuesto estará enfocado en la atención de los damnificados y a obras de infraestructura.
Según el funcionario, la ayuda federal que llegará a Puerto Rico se implementará a través de la sección 428 de la ley Stafford, mediante la cual la FEMA asigna una cantidad de dinero por cada proyecto de recuperación.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 28 сентября 2017 г.
Pero si el Gobierno falla en sus estimaciones y el dinero solicitado no es suficiente, serán las autoridades gubernamentales las que deberán afrontar las diferencias, informó El Nuevo Día.
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"En Puerto Rico, la sección 428 va a implementarse a nivel de todos los municipios. Es algo pionero. Se implementó en (el huracán) Sandy, pero solo con ciertas entidades, aquí será a través de toda la isla, será en beneficio de todo Puerto Rico", dijo De La Campa.
El representante de la FEMA destacó que la cifra de reclamos recibidos por la agencia federal estadounidense, unos 1,1 millones, es la mayor de su historia, y supera a los huracanes Wilma, Rita y Katrina —todos ocurridos en 2005— sumados.
"No puedo predecir cuánto vamos a estar aprobando, pero sí tenemos que partir de la premisa de que no sería ninguna sorpresa que esto sobrepase a Katrina y Sandy", aseguró De La Campa.
El huracán María, de categoría 4 y con vientos sostenidos de cerca de 250 kilómetros por hora, tocó suelo puertorriqueño el 20 de septiembre de 2017; provocó al menos 64 muertes, dejó 100% de la isla sin electricidad y al menos 60% de la población sin acceso a agua potable.
Investigaciones periodísticas, sin embargo, estiman que fallecieron más de 1.000 personas a causa del huracán.
El pasado 24 de enero, la Autoridad de Energía Eléctrica restableció el servicio a cerca de 1,5 millones de personas.
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Se estima que unos 472.000 hogares fueron dañados y hasta fines de noviembres más de 11.000 personas continuaban viviendo en refugios.
Las autoridades estimaron los costos totales en 100.000 millones de dólares.
