"En los primeros días de febrero esperamos sentencia", comunicó a Sputnik Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref).
"El recurso tuvo sentencia de primera instancia en octubre, cuando el juez sólo hizo lugar al punto que se refería al derecho de acceder a la defensa gratuita, rechazando el resto", informo Galoppo.
Las tres entidades de derechos humanos apelaron entonces a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal, tribunal ante el que también intervinieron el Estado y el Ministerio Público Fiscal.
"En diciembre el tribunal determinó que ya tiene los elementos para emitir sentencia, lo que significa que el recurso entró a sentencia, la cual se podrá emitir apenas termine la feria (receso judicial) a partir del próximo jueves", informó la abogada de la Caref.
Refuerzo de estereotipos
El 30 de enero se cumplió un año de la vigencia del DNU, el cual modificó la Ley de Migraciones de 2003 sin que hasta ahora haya sido revalidado por el Congreso.
El decreto incorporó reformas "que agravan las sanciones administrativas para las personas migrantes con antecedentes penales, sean estos graves o menores", advirtieron desde la organización.
"Aún sin tener condena, pueden ser sometidos a trámites de expulsión en plazos de apenas 3 días hábiles, representando un claro retroceso en la política migratoria vigente", añadieron en un comunicado.
Los motivos esgrimidos para su emisión "cristalizan estereotipos y prejuicios y refuerzan aquellos discursos que relacionan a la migración con la inseguridad y la delincuencia, legitimando situaciones de xenofobia y discriminación hacia la población migrante" advirtieron.
El DNU, coincidió el CELS, "generó una política migratoria diferenciada y selectiva que clasifica a los migrantes en 'buenos', que pueden regularizarse, y 'malos', a quienes les corresponde la expulsión".
El decreto presidencial puso desde entonces a los extranjeros "bajo una sospecha permanente" que puede observarse en los trámites de regularización de los migrantes, con especial incidencia en los que tienen menos recursos, "porque el abanico de conflictos que pueden terminar en la deportación en el nuevo contexto normativo es muy amplio".
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Cualquier persona de nacionalidad extranjera puede ser sujeto de detención y deportación exprés si incurre en cualquier tipo de proceso penal o si comete una falta administrativa en sus trámites migratorios "como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado", indicó la entidad.
También la venta callejera o la resistencia a un desalojo en la vía pública pueden ser causales de expulsión.
De este modo, se "desata el inicio del trámite de expulsión de manera inmediata, sin importar si tiene familia, lazos sociales, arraigo o un plan de vida en la Argentina".
El decreto de Macri fue examinado en febrero de 2017 por una comisión bilateral del Congreso que no consiguió emitir un dictamen sobre su validez.
El Parlamento deberá en algún momento dictaminar si aprueba o no el decreto presidencial, que solo será desestimado si tanto la Cámara de Diputados como el Senado se oponen a él.
