Empresarios de México exigen cumplir con acuerdos anticorrupción del TLCAN

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los líderes empresariales de México exigen que sean nombrados los fiscales anticorrupción, para cumplir la cláusula en esa materia, acordada en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"Es una cláusula de vanguardia, que incluso va más allá de otros acuerdos internacionales firmados por México, en otros tratados comerciales", dijo Castañón a periodistas, tras el acuerdo contra la corrupción alcanzado el 29 de enero en Montreal, Canadá en el marco de la sexta ronda del TLCAN.

Esa nueva disposición es uno de los primeros avances de las negociaciones iniciadas en agosto de 2017, que cumple una exigencia de las corporaciones de México, EEUU y Canadá, que acompañan las tratativas en el llamado "cuarto adjunto", para establecer controles contra esos delitos en las inversiones.

"Los tres países están obligados a establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito para dar garantía a proyectos de desarrollo económico", dijo Castañón.

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Esa exigencia está dirigida al Gobierno y las fuerzas políticas de México para que los titulares de las fiscalías y magistraturas de los tribunales del Sistema Nacional Anticorrupción —creado por una reforma constitucional de 2016— que permanecen acéfalas, sean designados para cumplir el capítulo contra la corrupción del tratado trilateral.

Las políticas en temas anticorrupción no solo se dirigen a la vigilancia del uso de recursos públicos, sino de los contratos en infraestructura y las inversiones, "representa una garantía para que el capital privado trabaje en un marco de legalidad", dijo el líder empresarial.

Además de tipificar el soborno y el enriquecimiento ilícito, la cláusula del TLCAN obliga a los tres países a establecer sanciones y mediadas de prevención de esos delitos, garantizar la integridad de los funcionarios públicos y proteger a los denunciantes en las investigaciones.

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En el último año han estallado escándalos de corrupción de exgobernadores mexicanos, procesados, prófugos y encarcelados por multimillonarias malversaciones, para financiar campañas y el enriquecimiento personal.

Además, el partido gobernante del país latinoamericano aparece en el caso en sobornos pagados por Odebrecht, con 10,5 millones de dólares que habrían servido para la campaña presidencial oficialista del año 2012, según confesiones de los gerentes de la compañía brasileña.

La corrupción cuesta a México un 1% del Producto Interno Bruto (PIB), según analistas financieros, o al menos un 10% anual del presupuesto federal, unos 25.000 millones de dólares, según fuentes del Congreso.