Lula fue hallado culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero y condenado a 12 años y un mes de prisión por un tribunal de segunda instancia.
El habeas corpus es una garantía central para evitar los arrestos y detenciones arbitrarias.
Los abogados consideran "inconstitucional" cumplir la pena después de una condena en segunda instancia y quieren que Lula espere en libertad el resultado de los recursos que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal.
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El Tribunal Supremo Federal estableció en 2016 que una condena en segunda instancia en suficiente para llevar al condenado a prisión.
La semana pasada el Tribunal Regional Federal de la 4 Región con sede en Porto Alegre (sur) condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel, aumentando así la pena que le había impuesto el juez de primera instancia Sérgio Moro el año pasado, de nueve años y seis meses.
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La condena se refiere al caso del apartamento de lujo en Guarujá (Sao Paulo, sureste), supuestamente entregado como regalo a Lula por la empresa constructora OAS, una de las implicadas en la trama corrupta de Petrobras.
Lula niega rotundamente las acusaciones, asegura que el apartamento no es suyo y que ha sido condenado sin pruebas para evitar que sea candidato en octubre.
Con la legislación actual es poco probable que Lula pueda concurrir a las elecciones, pero la decisión final la tomará el Tribunal Superior Electoral a partir de agosto, cuando los partidos deban proceder al registro oficial de las candidaturas.
