"Cuando se cumple un año de tan lamentable acontecimiento, escribimos esta carta abierta para denunciar la falta, hasta la fecha, de cualquier avance satisfactorio en la investigación de los hechos y la identificación de los responsables", expresa la misiva.
"Los correos afirmaban que no se iba aceptar ningún suicidio más "por injustos procesamientos" y que "por cada suicidio de ahora en más" se iban a matar a tres "elegidos azarosamente" de la lista de 13 personas", recuerdan los denunciantes según la carta entregada al mandatario.
El general retirado Pedro Barneix integró, durante el primer Gobierno de Vázquez (2005-2010), una comisión interna del ejército para investigar sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Sin embargo, en setiembre de 2015 el militar se quitó la vida al enterarse que había sido procesado por la justicia por el asesinato de Aldo Perrini, un comerciante de la ciudad de Carmelo (oeste), quien murió en 1974 a causa de las torturas.
Asimismo cuestiona que no hubo representantes del Estado uruguayo en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en noviembre de 2017 "para tratar específicamente la situación de la amenaza y la justicia en Uruguay".
Entonces, la CIDH calificó la ausencia de Uruguay como "preocupante", sostienen los firmantes de la carta.
"Lamentablemente, esta amenaza no es un hecho aislado sino (que) ya es parte de un patrón alarmante de eventos que han venido ocurriendo en el Uruguay en los últimos años en contra de periodistas, operadores judiciales, defensores de derechos humanos, y antropólogos forenses", sostiene el texto, que enumera otros episodios similares.
Luego, en octubre de 2017 se registraron al menos dos intentos de robo y el ingreso de personas no autorizadas a predios militares donde los antropólogos realizaban excavaciones para buscar restos de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.
También uno de los fiscales que ha trabajado en la investigación de violaciones a los derechos humanos en los años de Gobierno militar, recibió una llamado telefónica en el que se le decía que iba a "morir en la calle", señala el texto.
"Estamos sumamente preocupados con esta situación de impunidad en el Uruguay que ya no abarca solamente los delitos del pasado reciente, sino también los del presente: amenazar de muerte constituye un delito bajo el Código Penal uruguayo", añade la carta.
Entre los amenazados por el Comando General Pedro Barneix se encuentra el ministro de Defensa, Jorge Menéndez.
En Uruguay siguen desaparecidas 192 personas secuestradas o detenidas durante el régimen dictatorial, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.