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México crea una fiscalía especial contra la tortura

© AP Photo / Rebecca BlackwellLos policías mexicanos
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México creará una Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, informó en un comunicado la Procuraduría General de la República en cumplimiento de una ley aprobada hace 10 meses.

A partir de la ley aprobada por unanimidad en el Senado en abril de 2017, la nueva fiscalía será "un órgano con autonomía técnica y operativa encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos de tortura", dice el comunicado.

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La ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes estableció la creación de la fiscalía especializada.

La medida publicada en el Diario Oficial establece las atribuciones del nuevo organismo, de "atender e informar a los familiares de víctimas, personas legitimadas y autorizadas, del curso, avances y resultados de investigaciones realizadas".

La fiscalía podrá requerir o coordinar a las unidades administrativas de la institución, instancias del sector público y privado, "que brinden atención médica, psicológica y jurídica".

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Para el desarrollo de sus funciones, requerirá a las áreas de "investigación policial, tecnológica, científica y pericial de la Procuraduría, su colaboración y apoyo para la investigación y persecución de los delitos materia de su competencia".

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Asimismo, solicitará a las instancias judiciales y penitenciarias "el traslado de personas del lugar de reclusión a otros centros de internamiento, salvaguardando en todo momento sus derechos humanos".

La ley promulgada el año pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, tras varios años de debates legislativos, establece que "la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se encuentran prohibidos de manera estricta, completa, incondicional e imperativa".

A partir de esa ley dejó de ser válida cualquier declaración o prueba "cuyo origen tenga un acto de tortura, abuso, o trato cruel o inhumano", y por primera vez ordena encarcelar a policías que incurran en abuso de poder injustificado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió durante 2017 más de 4.400 denuncias de torturas o tratos degradantes.

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