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Reforma de instituciones de contralor, el tema más delicado de consulta popular en Ecuador

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QUITO (Sputnik) — La reforma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado en 2009 para elegir a las autoridades de contralor de Ecuador, es el asunto más sensible que tocará la consulta popular convocada para el 4 de febrero, según fuentes consultadas por Sputnik.

Entre las funciones del Consejo está la de seleccionar a quienes ocuparán los cargos de contralor, fiscal general, procurador, defensor del Pueblo y defensor público, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura y a los seis superintendentes.

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La tercera de las siete preguntas de la consulta popular pide a la ciudadanía definir su acuerdo o desacuerdo con enmendar la Constitución para "reestructurar" el Consejo, dando por terminado el periodo de sus actuales miembros, "y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos".

Así, de aprobarse la pregunta, "habrá una terminación anticipada de los periodos del Consejo de Participación Ciudadana en funciones" para luego establecer "un Consejo transitorio cuyos siete miembros serán elegidos con base a ternas" enviadas por el presidente Lenín Moreno al parlamento, explicó a Sputnik el presidente del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño.

Ese Consejo transitorio podrá cesar a los actuales funcionarios de contralor, desde el fiscal general hasta los miembros del Poder Electoral, y designar a otros nuevos.

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El proceso de reforma concluirá en 2019 cuando se convoque a voto popular para elegir a los nuevos siete integrantes del Consejo y a sus suplentes, que estarán en funciones por un lapso de cuatro años.

El presidente Moreno decidió abordar este asunto en la consulta popular luego de la lluvia de críticas que recibió el Consejo desde su creación en 2009 por seleccionar a funcionarios vinculados con el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

La ley indica que el Consejo es el organismo rector de la función de transparencia, una de las cinco funciones del Estado, y por tanto debe ser independiente del Poder Ejecutivo de turno.

El vocero de la Comisión Nacional Anticorrupción, Jorge Rodríguez, cree que esta reforma será una manera "de liberar la amarra que les pusieron a los organismos de control y volver a la independencia de poderes".

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Pero lo más importante será la conformación de las ternas que decida Moreno, pues si nombra a "gente independiente del Gobierno, gente que ha luchado contra la corrupción, activistas sociales, honestos (…) el país puede cambiar, pero si se siguen las fórmulas anteriores, nada cambiará", dijo Rodríguez a esta agencia.

La reforma propuesta en la consulta popular prevé que las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años, coincidiendo con las elecciones de autoridades municipales.

Asimismo, se establece que no podrán haber estado afiliados o vinculados a partidos políticos en los cinco años anteriores y que deberán ser personas con trayectoria reconocida en organizaciones sociales, participación ciudadana y lucha contra la corrupción o que tengan un prestigio establecido por su compromiso cívico y de defensa del interés general.

Golpe de Estado

Pero para el expresidente Correa y sus seguidores, denominados "correístas", esta reforma constituye un "golpe de Estado".

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La legisladora correísta Gabriela Rivadeneira dijo a Sputnik que "la pregunta tres copta por la fuerza todas las funciones del Estado a través del Ejecutivo y con eso la judicialización de la política se haría más evidente".

El hecho de que Moreno tenga poder para cesar y nombrar a un Consejo transitorio "evidenciaría una ruptura del Estado de derecho y la afectación de la democracia en todo su sentido", añadió.

Correa mismo explicó que su retorno al país el pasado 5 de enero fue para hacer campaña contra esta pregunta, la que "más preocupa" porque "a nadie en una democracia se le puede dar todos los poderes y eso es lo que propone la pregunta tres: un verdadero golpe de Estado".

El exmandatario insistió en que a "esta pregunta hay que decirle No indignado porque caso contrario será el fin de la democracia".

Correa sostiene que si gana el Sí, las autoridades de contralor seleccionadas tendrán la misión de "perseguirlo", con lo que "continuaría la judicialización de la política que empezó con (el juicio y condena al exvicepresidente) Jorge Glas", sentenciado a seis años de prisión por el caso Odebrecht.

No somos inquisidores

El secretario de la Gestión de la Política, Miguel Carvajal, desmintió estas acusaciones.

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"Nosotros no somos inquisidores, cada cual se juzga según su condición y nosotros no somos ni de prácticas autoritarias, ni de prácticas corruptas, y por eso creemos que hay que nombrar personas que cumplan con varios requisitos en un proceso de recuperación democrática", dijo a esta agencia.

Carvajal añadió que esto es parte de un riesgo político que "lo asume el presidente de la República, porque alguien tiene que proponer ternas, pero esas ternas tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional".

El Consejo tiene entre sus cometidos la obligación de promover el ejercicio de los derechos de participación, control social de lo público y rendición de cuentas.

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También debe establecer mecanismos y políticas anticorrupción y realizar investigaciones sobre casos que afecten la participación ciudadana y el interés público o que generen corrupción.

El próximo 4 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para votar por siete preguntas: cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta popular (reformas a leyes menores).

La reforma del Consejo de Participación cuenta con un respaldo de 58,1% de los consultados, según los últimos sondeos. 

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