"Tendremos la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés); en el caso de Unión Europea (representantes de las) 18 embajadas acreditadas en el país que han visto con muy buenos ojos nuestra predisposición, nuestro interés", indicó la consejera.
Por ejemplo, con la Unasur el objetivo es que la delegación "tenga la plena libertad de observar temas que sean de vital importancia y que pueden ser aplicados a nivel de la región sudamericana".
"Como países entendemos a la observación internacional como esta suerte de intercambio de experiencias que permita, por un lado, tomar los elementos que puedan ser reproducidos en cualquier otro lugar del mundo y, en ese sentido, todas las iniciativas inclusivas han sido vistas con muy buenos ojos por parte de los países a nivel internacional", apuntó la funcionaria.
Se refiere a iniciativas que promueve Ecuador como el voto de las personas privadas de la libertad, las personas con discapacidad y de aquellas que residen en geriátricos.
Con Unasur el acuerdo se suscribió el 22 de enero último y en él se establecieron las condiciones de imparcialidad, objetividad, independencia, no injerencia y transparencia.
Además, se determinó que el organismo emitirá tres informes sobre su inspección en los comicios y el último de ellos lo entregará 15 días después de proclamados los resultados oficiales del plebiscito.
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Esta es la quinta ocasión en la que la Unasur participará como observador de unos comicios electorales en el país.
Las preguntas que se votarán el 4 de febrero son siete, cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta (reformas a leyes menores).
La primera consultará a la ciudadanía si está de acuerdo con que se enmiende la Constitución "para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes".
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La segunda interrogante, en cambio, plantea eliminar la posibilidad de reelección indefinida, lo que impediría que el expresidente Rafael Correa vuelva a postularse a la magistratura; mientras que, de aprobarse, la tercera interrogante facilitará la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de elegir a las principales autoridades de control del país.
La sexta inquietud plantea derogar la Ley de Plusvalía y la séptima incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del país.
Según un último sondeo de la encuestadora Cedatos, el 50% de la población afirma que votará Sí en todas las preguntas planteadas para el referéndum en el que votarán más de 13 millones de ecuatorianos.
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El 4 de febrero sufragarán 13,028 millones de ecuatorianos en 35.105 juntas receptoras del voto nacionales y en el exterior y los resultados oficiales se conocerán diez días después de las elecciones.
