"Es la más reciente de una serie de medidas coercitivas contra estos grupos que busca frustrar su legítimo derecho a buscar protección y dará origen de forma casi segura a una detención masiva e ilegal de solicitantes de asilo", advirtió HRW en un comunicado.
El gobierno estableció que todos los "infiltrados" eritreos y sudaneses se repatríen o partan a un tercer país hasta el 31 de marzo próximo y ofreció una ayuda de 3.500 dólares a aquellos que acepten irse voluntariamente. Después de la fecha señalada, la suma va a disminuir.
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Una ley de 1952 permite detener a las personas sujetas a la deportación por un plazo de más dos meses si rehúsan cooperar.
A principios de este año, la Autoridad de Población e Inmigración del Ministerio del Interior israelí (PIBA) anunció que estos irregulares —primero, hombres pero más tarde también mujeres y niños— serán detenidos por un tiempo indefinido si se niegan a abandonar el país para el 31 de marzo.
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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señala entretanto que las necesidades de protección de la mayoría de los eritreos y sudaneses en Israel son similares a las de los refugiados y que se encuentran en una situación parecida.
"En el último episodio de su antiguo empeño por eludir la obligación de proteger a refugiados, Israel amenaza con encerrar a miles de solicitantes de asilo que se niegan a irse. En lugar de encarcelarlos, Israel debería identificar a los refugiados entre ellos y darles la protección justa", subrayó Gerry Simpson, director asociado de refugiados de Human Rights Watch.
Según Simpson, ahora que Acnur ha confirmado que el procedimiento de asilo para eritreos y sudaneses en Israel es muy defectuoso, las autoridades deberían revisar de manera urgente y equitativa todas sus demandas.
