"La Mesa de Seguridad Electoral está activada los siete días a la semana, 24 horas al día desde su instalación, que tuvo lugar el 2 de enero y se encarga de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y la seguridad del proceso electoral hasta el día del sufragio", indicó el consejero Mauricio Tayupanta durante la segunda reunión de la mesa.
Tayupanta también señaló que la participación de estas entidades "brinda total confianza a la ciudadanía" y agregó que el 21 de enero se realizará el primer simulacro nacional de los comicios, mientras que el 28 de este mes será el segundo.
Por su parte, el director general del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, Andrés Sandoval, explicó que habrá videovigilancia en todo el territorio nacional "para responder de forma oportuna y eficiente ante cualquier eventualidad que se pueda dar el día del sufragio".
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Durante la cita, el director nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos del CNE, Marlon Baquero, presentó además el Plan Operativo de Seguridad Electoral que define las actividades de seguridad en cada fase del proceso (preelectoral, electoral y postelectoral) y determina competencias y responsabilidades de las instituciones involucradas.
En la etapa electoral, en cambio, estarán a cargo de "brindar seguridad permanente a las bodegas electorales, al sistema de enlace de datos y equipos informáticos y al transporte de ida y retorno de los paquetes electorales y kits técnicos".
Observadores
Mientras que la policía garantizará la seguridad de la ciudadanía, observadores electorales nacionales e internacionales darán seguridad permanente al Centro de Mando, donde se procesarán los datos finales de las votaciones.
Las preguntas que se votarán el 4 de febrero son siete, cinco de referéndum (referidos a cambios a la Constitución) y dos de consulta (reformas a leyes menores).
La primera consultará a la ciudadanía si está de acuerdo con que se enmiende la Constitución "para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes".
La segunda interrogante, en cambio, plantea eliminar la posibilidad de reelección indefinida, lo que impediría que el expresidente Rafael Correa vuelva a postularse a la magistratura; mientras que, de aprobarse, la tercera interrogante facilitaría la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de elegir a las principales autoridades de control del país.
La sexta inquietud plantea derogar la Ley de Plusvalía y la séptima incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas con mayor biodiversidad del país.
Según un último sondeo de la encuestadora Cedatos, el 50% de los consultados afirma que votará Sí en todas las preguntas planteadas para el referéndum en el que están llamados a votar más de 13 millones de ecuatorianos.
