Además, la compañía estatal gastó unos 3.000 millones de pesos (más de 200 millones de dólares) entre 2006 y octubre 2017 para "la reparación de los ductos perforados por la delincuencia organizada", según el periódico, que obtuvo los datos tras un pedido amparado por la Ley de Transparencia.
"La infraestructura más afectada por la 'ordeña' de combustibles, e incluso petróleo crudo", recorre todo el país.
Esa red de distribución parte desde los campos petroleros y las seis plantas refinadoras nacionales.
Las provincias más afectadas tienen costas en el Golfo de México (Veracruz, Tamaulipas), abarcan el centro del país (Puebla, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco), Oaxaca en el sur y Nuevo León en el norte, pero no son las únicas.
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En su respuesta oficial al pedido legal de información, "Pemex detalló que el ducto más 'ordeñado' es el que va de la refinería de Minatitlán, Veracruz (este), a la terminal de almacenamiento de Azcapotzalco", en la capital del país.
La reparación de tomas clandestinas "coincide con su alza en los últimos diez años", reveló Pemex.
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La bandas de la delincuencia perforan los ductos, colocan válvulas y mangueras que les permite extraer de manera ilegal hidrocarburos como gasolinas, diesel e incluso crudo, que posteriormente vende en el mercado negro.
En los primeros once meses de 2017, la empresa registró más de 9.500 ataques a su red de ductos, un incremento de 54% del número de estos ataques registrados durante todo el año anterior.
El documento menciona que Pemex no tiene registro sobre los poliductos con mayores daños en 2006, de manera que ese delito ha tenido un auge en la última década de expansión del crimen organizado.
