En opinión del ministro, la sentencia resulta "muy simbólica para Cataluña" porque "pone de manifiesto que la ley se cumple siempre" y que "son las leyes las que marcan nuestro modelo de convivencia".
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Montserrat Comas, hizo pública la sentencia sobre el caso, que condena a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a abonar 6,6 millones de euros por tráfico de influencias.
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CDC se disolvió el 8 de julio de 2016 y se refundó como Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PdeCAT), que constituye la principal fuerza de la coalición JxCat, a la que pertenece el expresidente catalán Carles Puigdemont.
El caso ha tenido un considerable impacto en la sociedad catalana por la importancia simbólica del Palau de la Música para el catalanismo, así como por sus ramificaciones políticas, ya que el extesorero de CDC, Daniel Osàcar —a quien el TSJC ha impuesto una multa de 3.8 millones de euros—, se encuentra entre los encausados.
Rafael Catalá valoró la sentencia como "una buena noticia" no por el hecho de que "algunas personas hayan resultado condenadas" sino porque, a su modo de ver, "demuestra que en España todo el mundo está obligado al cumplimiento de la ley".
