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Casos de peculado muestran un patrón a favor del oficialismo en México

© REUTERS / Ginnette RiquelmeLogo del Partido Revolucionario Institucional (archivo)
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las investigaciones de presunta malversación de fondos públicos de exgobernadores mexicanos a favor del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) configuran un "modus operandi", dijo a Sputnik el consultor en temas de transparencia y rendición de cuentas, Oscar Arredondo.

"La investigación recién revelada por el Gobierno del estado de Chihuahua (norte) indica la existencia de una generación de políticos corruptos que actuaron con un mismo 'modus operandi' para desviar los recursos del Estado con fines personales y partidistas del oficialismo", dijo Arredondo.

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Entre ellos están tres exgobernantes en los antiguos feudos del PRI, en los cuales perdió las elecciones de 2016 ante la oposición, como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, prófugo de la justicia por corrupción, quien habría escapado a Texas, sur de EEUU.

Arredondo dijo que el peculado cometido en Chihuahua es "el mismo patrón que practicó el exgobernador Javier Duarte en el estado de Veracruz (sureste)", detenido y extraditado desde Guatemala el año pasado, "y es el mismo modelo de Roberto Borge", quien gobernó el estado turístico de Quintana Roo (sudeste) y fue detenido y extraditado la semana pasada desde Panamá.

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El escándalo por los numerosos casos de corrupción que envuelven al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto escaló esta semana luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció que las investigaciones de la fiscalía de ese estado provocaron represalias del Poder Ejecutivo federal, al frenar la entrega de 700 millones de pesos (más de 36 millones de dólares) del presupuesto.

"Hay un intento de estrangular económicamente al Gobierno de Chihuahua (…), es gravísimo que confirmaran a la Secretaría de Hacienda como instrumento de control político frente a los gobernadores" opositores, se quejó Corral.

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Por primera vez, el presidente Peña Nieto hizo una declaración pública inmediata para rechazar ese señalamientos de corrupción y afirmar que su administración actúa "con vocación y sentido democrático" en su relación con todos los gobiernos estaduales de la oposición, sin importar el origen partidario.

"El Gobierno de la República no puede ni merece ser descalificado y menos señalado de no respaldar al Gobierno de Chihuahua", dijo Peña Nieto.

Una fiscalía autónoma en acción

El caso de Chihuahua muestra que "el trabajo de una fiscalía independiente con los alcances de una justicia autónoma, que no esté subordinada al Poder Ejecutivo, facilita la procuración de justicia", dijo Arredondo.

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La investigación muestra, además, que "hubo un mecanismo relacionado con el desfalco de los recurso del estado de Chihuahua, que dejó una deuda muy grande y un déficit público de casi 50.000 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares)", prosiguió el consultor.

El caso atrajo el apoyo inédito del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), "cuyo papel está definido en la Constitución, independiente del Comité Coordinador del mismo sistema, que articula a las autoridades federales encargadas del combate a la corrupción", explicó el experto.

El comité ciudadano del SNA denunció que las medidas económicas impuestas por el Gobierno de Peña Nieto a Chihuahua son una retaliación por difundir la "evidencia de la corrupción que imperó en el Gobierno de César Duarte para favorecer electoralmente al PRI".

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Esa corrupción abarca "la contratación de empresas fantasmas, las asignaciones directas como medio para evitar la transparencia, la falta de rendición de cuentas de las entidades y funcionarios y la opacidad que rige el manejo del presupuesto en la mayoría de las entidades federativas de nuestro país", dijo el comité.

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Arredondo considera que con ese respaldo del sector ciudadano del SNA a un gobernador se colocó por primera vez la pelota del caso en la cancha de las autoridades de fiscalización del Poder Judicial.

El caso se torna grave porque los gobiernos de los estados que ganó la oposición en 2016 "quedaron quebrados por el saqueo de los fondos públicos destinados al partido en el poder, para financiar ilegalmente campañas proselitistas, con la presunta participación de autoridades federales", puntualizó.

No obstante, en un año electoral, "las investigaciones marcharán en un marco institucional débil, porque no existe un fiscal anticorrupción que debe nombrar el Senado, ni han sido nombrados los jueces del Tribunal Fiscal Administrativo para ventilarlo", concluyó.

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México celebrará el 1 de julio de este año elecciones presidenciales y legislativas. 

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