Etchecolatz fue jefe de la división de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1977, el período más cruento de desapariciones del régimen militar. Según señaló a Sputnik Guadalupe Godoy, abogada integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), como tal "fue el responsable del funcionamiento de todos los centros clandestinos de la provincia, uno de los lugares más golpeados por el exterminio".
"No se otorga por los motivos que dice la ley, es decir, las cuestiones estrictas de salud que no permitan que la persona siga en un establecimiento penitenciario. Se da como parte de un plan de impunidad que no dudamos en afirmar que lleva adelante el Gobierno nacional con el acuerdo de sectores muy importantes del Poder Judicial", sostuvo.
El caso de Etchecolatz, un nombre que generaba terror en los años 70, ha resonado por su jerarquía, pero lejos está de ser algo aislado. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) de Argentina, a finales de 2017, del total de condenados por causas vinculadas con la última dictadura, había más cumpliendo pena en sus casas (549) que en unidades penitenciarias (435).
Dentro de los imputados, hay más personas libres (1.305) que detenidas (1.038). Además, 499 murieron antes de recibir una sentencia y otras 100 luego de que se expidieran los tribunales, mientras que unos 37 individuos se encuentran aún prófugos. Fueron 36 los absueltos y 593 causas se encuentran aún en trámite.
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En el último año, han sido varios los fallos que han llevado a los criminales de lesa humanidad —responsables por la desaparición de unas 30.000 personas— de las prisiones a sus casas. Para Godoy, esto se da en sintonía de "un Gobierno que inició su mandato con una ofensiva de deslegitimación del movimiento de los derechos humanos".
También indicó que "hay un desmonte de la estructura estatal a disposición de los juicios", como los programas de protección y contención de testigos o de análisis de documentación para aportar material a las causas y conseguir nuevas imputaciones.
"Está muy claro que quienes hoy gobiernan son parte de los sectores concentrados económicos que en los años 70 fueron parte del genocidio. No es casual que muchos de los apellidos que hoy pueblan el Gobierno nacional sean los mismos que estábamos intentando juzgar", consideró Godoy.
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Para Godoy, hoy en día una amnistía o un indulto a los criminales "sería impensado en la sociedad argentina porque hay un repudio generalizado". No obstante, opinó que se ha logrado "un cierto acuerdo, que se expresa en el Poder Judicial, para que los juicios que continúan sean a cuentagotas".
El informe de la PCCH indica que el tiempo medio de duración de cada causa es de cinco años y que en algunos casos la confirmación de la sentencia en la Cámara Federal de Casación Penal demora dos años luego de conocidos los fundamentos del Tribunal Oral Federal.
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Un dictamen judicial posterior suspendió la aplicación de esa medida. La aplicación efectiva, según Godoy, "hubiera significado una liberación masiva". El repudio social provocó "otros mecanismos judiciales". La abogada subrayó que los juicios no se hacen 40 años después de manera arbitraria, sino "porque durante años los grupos de poder lograron mantener la impunidad a través de leyes e indultos".
"Quien todos los días se levanta y decide no decir dónde están los niños apropiados o los cuerpos de los desaparecidos continúa cometiendo delitos. No estamos hablando solo de personas que cometieron delitos hace 40 años: estamos hablando de personas que todos los días deciden volver a cometerlos", concluyó la integrante de la LADH.
