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México alcanza récord de violencia en 2017 y evidencia fracaso de estrategia de seguridad

© REUTERS / Ginnette RiquelmeProtestas contra la ley de Seguridad Interior en México
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El año 2017 fue el más violento de la historia contemporánea de México y esto se debe a una fallida estrategia de seguridad implementada desde hace una década y centrada en el uso de las fuerzas militares, dijo a Sputnik el director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortez.

"El principal factor es que el Gobierno federal no ha hecho acciones novedosas en términos de estrategia de seguridad, simplemente replicó las políticas de uso de la fuerzas armadas que desató (el expresidente) Felipe Calderón (2006-2012)", estimó el especialista.

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Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en once meses de 2017 se cometieron más de 23.100 homicidios violentos, cifra superior a los 22.409 asesinatos dolosos de todo 2011, que era el más violento de la historia reciente del país, en el marco de la guerra contra el narcotráfico con operaciones militares.

En las redes de organizaciones de la sociedad civil "existe una gran preocupación porque este año cerrará con el número más altos de homicidios violentos", explicó Cortez.

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Los operativos castrenses "aparatosos", y la persecución para capturar a los principales capos de la delincuencia organizada "es un modelo aplicado durante casi doce años sin resultados consistentes", dijo el especialista, quien ha dictado cursos de derechos humanos para mandos policiales.

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Asimismo, el próximo 2018 se perfila una resistencia ciudadana contra una ley de Seguridad Interior que legaliza el despliegue de militares en las calles.

La ley es objetada por toda la oposición y las organizaciones no gubernamentales, que la consideran "la confirmación de una estrategia provisional marcada por un 98% de impunidad".

No obstante, Cortez menciona como elementos positivos la aprobación de dos leyes importantes contra la tortura y las desapariciones forzosas perpetradas por agentes del Estado, o secuestros cometidos por particulares.

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Este año cierra con las perores cifras oficiales de personas desparecidas; son más de 33.000 las personas cuyo paradero se desconoce.

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El escenario es agravado por "la escasa capacidad de las fiscalías para investigar ", explicó el defensor de víctimas de esos abusos.

Esas leyes ofrecen, por fin, "un marco jurídico homogéneo para todo el país, con procedimientos únicos para mejorar la investigación y combate a la tortura, y generar mejores condiciones para la búsqueda de desaparecidos".

El mayor problema que persiste es "la puesta en práctica de las leyes; muchas veces se han malogrado los procesos en su implementación", advirtió Cortez.

Asesinatos de periodistas y nuevas formas del crimen

Otra variante de la violencia son los asesinatos de periodistas; este año cerró con 12 comunicadores ejecutados, la mayoría vinculados a sus trabajos de investigación de casos de corrupción y crimen organizado.

"Prácticamente hay una impunidad casi total, sin resultados en las investigaciones", dijo el director del organismo que integra la red nacional "Seguridad Sin Guerra".

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Cortez estima que el problema de las políticas de seguridad también está vinculado a la extendida corrupción, que involucra al menos a 16 gobernadores y exgobernadores de diferentes provincias.

"Hay un gran número de gobernantes investigados, sujetos a proceso o cerca de la extradición tras darse a la fuga al final de sus mandatos, por malversación de fondos públicos, que suman cientos de millones de dólares", reseñó el analista.

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Cortez hizo un recuento de las acciones fallidas en 2017 y años anteriores y sostuvo que "no se han profesionalizado las policías, sigue entrampado el debate sobre un modelo de mando policial único o mixto, y la mediocridad de las policías se acepta pero no se corrige".

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Otra falencia es que el sistema penal acusatorio que comenzó en 2008 recién se puso en marcha en 2016.

"Todavía no hay un sistema judicial renovado", afirmó.

Cortez señala que desde el año 2011 se incrementaron los operativos con mayor participación de la Marina Armada, ordenada "porque la eficacia del Ejército la puso en duda el Gobierno de EEUU".

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Desde ese momento hasta los primeros años del gobierno de Peña Nieto, quien asumió en 2012, "las acciones de la Marina generaron un margen de eficacia que finalmente se agotó, y la violencia repuntó".

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Otra explicación, añade, es que la alternancia política en los cargos de gobernadores provoca el repunte de la violencia.

"Los pactos y acuerdos que existen con gobiernos anteriores se acomodan o se rompen, mientras se diversifican las rutas ilegales de drogas", apuntó.

El robo de las redes de oleoductos, que le cuestan al país unos 1.000 millones de dólares al año, también se incrementó.

Finalmente, las elecciones pueden añadir inestabilidad en ese clima enrarecido, estimó.

"Los procesos electorales pueden acrecentar una tendencia de violencia adicional, porque la delincuencia organizada a nivel local interviene para poner sus piezas en cargos públicos", puntualizó.

Los temores se remontan a los procesos electorales de 1994 y 2012 que fueron precedidos por episodios de violencia.

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