Gobierno colombiano aclara que plan de reintegración social no se aplica a paramilitares

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano aclaró que ninguno de los exparamilitares de extrema derecha que se desmovilizaron en 2005 y fueron juzgados en un marco de beneficios penales podrán acceder al proceso de reintegración social previsto para los excombatientes de la extinta guerrilla izquierdista FARC.

"El Decreto 2199 de 2017 [expedido el 27 de diciembre] pretende darle alcance a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que abrió la posibilidad para que los excombatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), postulados a la Ley de Justicia y Paz, que hayan recibido la amnistía, puedan acogerse al sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en un comunicado aclaratorio.

En otras palabras, el decreto tiene como único objetivo abarcar a aquellos guerrilleros de las FARC que en su momento fueron juzgados bajo la Ley de Justicia y Paz, adoptada en 2005 para juzgar a exparamilitares, en el proceso de reintegración social dispuesto en el acuerdo de paz firmado con la guerrilla en noviembre del año pasado.

El beneficio, además, solo abarcará a los exguerrilleros comprendidos en la ley de amnistía que extinguió sus delitos y les permite salir de prisión y sumarse a la vida civil por medio de la estatal Agencia para Reincorporación y la Normalización (ARN).

"Como uno de los requisitos es haber recibido algún beneficio de la ley de amnistía, la cual no acoge a los excombatientes paramilitares, el decreto 2199 tampoco tiene alcance para ellos", señaló Rivera.

Más temprano el 28 de diciembre, medios de información de este país y la prensa extranjera, incluida Sputnik, reportaron la noticia del decreto como la posibilidad de que también los exparamilitares tendrían derecho a los planes de reintegración social diseñados para los desmovilizados de las FARC.

Al constatar la confusión, el Gobierno decidió aclarar los términos del decreto.

"Así las cosas, los miembros de autodefensas [paramilitares] que se desmovilizaron en su momento y se sometieron a la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, seguirán su trámite judicial por la vía señalada en esa ley", concluyó Rivera.

En 2006 y tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), más de 30.000 personas vinculadas a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se sumaron a los procesos de desmovilización, desarme y reintegración.

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Como parte del acuerdo, los paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contempla penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer los graves crímenes que cometieron.