Guerra jurídica: un arma poderosa para eliminar opositores políticos

Se conoce como "lawfare" y es muy usada en América Latina. Según explicó la politóloga Silvina Romano, a través del "uso indebido de instrumentos jurídicos se busca destruir la imagen pública del adversario político". El objetivo es que pierda apoyo popular y quede inhabilitado para competir. El caso de Lula da Silva en Brasil es emblemático.

Se utiliza una "fachada de derecho y legalidad" para culpar a un grupo político o una figura opositora "sin tener pruebas", explicó Romano. Con una planificada "articulación con los medios hegemónicos de comunicación el caso se instala en la sociedad. La prensa los presenta como culpables antes de que lleguen a los tribunales y se dé el debido proceso judicial". Esto podría pasar al expresidente Lula da Silva el próximo 24 de enero de 2018.

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Según la politóloga, EEUU juega un papel fundamental en esto, ya que su Departamento de Justicia ha estado asesorando las reformas jurídicas en varios países latinoamericanos, a través de "agencias bilaterales" como la USAID. Una de las acciones más importantes fue el llamado proyecto "Puentes", que consistió en cursos de asesoramiento a varios integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países de la región. El alumno estrella es el juez Sergio Moro, impulsor de la causa Lava Jato e involucrado en el juicio contra Lula. "Lo llamativo es que estos cursos no sólo se oculten a la población, sino que ni siquiera se informa sobre su existencia", señaló.

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Criticó además el "doble rasero" en las condenas a los funcionarios públicos y a los empresarios involucrados con pruebas en la corrupción como es el caso de Michel Temer en Brasil o Mauricio Macri en Argentina que queda impunes.

"Está claro que esta guerra jurídica es contra cuyos gobiernos recuperaron el protagonismo del Estado en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público".

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a la licenciada en comunicación Beatriz Busaniche, sobre la neutralidad de Internet, un principio que señaló, se refiere a tres cuestiones fundamentales: "desde el punto de vista de los negocios, el derecho a la libre competencia, y desde el punto de vista de los ciudadanos, se trata de la libertad de expresión y acceso a la información, así como de la defensa del consumidor".

La neutralidad de la red "implica que los titulares de la infraestructura no pueden tomar medidas que impliquen discriminación de los usos que se hacen de esa infraestructura, ya sea cobrando para mejorar el acceso a ciertos servicios, ofreciendo ciertos servicios de manera gratuita o filtrando ciertos servicios o contenidos", explicó.

Señaló además que es muy importante porque el mercado de los proveedores de Internet es muy concentrado y existe "una barrera de ingreso muy alta en términos económicos".

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"Si se deja en manos de los titulares de esta infraestructura la capacidad de priorizar y/o discriminar contenidos y servicios, estamos abriendo una caja de pandora donde la libertad de expresión va a salir seriamente dañada".

Busaniche consideró que los cambios sobre la neutralidad de la red no van a afectar como tal la protección de datos personales de los usuarios, pero que sí hay otras discusiones en ámbitos como la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tienden fuertemente a la adopción de medidas que reducirían "la protección que los Estados-nación pueden otorgar a los derechos de protección de datos personales de sus ciudadanos".

"Si llega a haber un mandato negociador y una regulación en este sentido, los Estados se van a ver impedidos de establecer regulaciones de Internet que protejan defensa del consumidor, protección de datos personales, algunas cuestiones de soberanía nacional y de seguridad pública", consideró.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por: Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Yolanda Machado.