"Los pueblos indígenas fueron corridos (de sus tierras) porque, en una primera instancia, con el coletazo de la segunda Revolución Industrial, se necesitaban campos para la agricultura y la ganadería, y los pueblos originarios fueron corridos a lugares más inhóspitos sin mucho valor", explicó el cacique de la Lof (comunidad) denominada "Vicente Catrunao Pincén".
No fueron pocos los pueblos desplazados de sus tierras ancestrales, como le sucedió a la propia comunidad Vicente Catrunao Pincén, de origen tehuelche-mapuche y proveniente de la región de la Pampa (centro) y de la provincia de Buenos Aires (este).
"Hoy por hoy, la Pampa es el reino de la soja, donde dominan empresarios muy poderosos, por lo que es difícil que podamos acceder a recuperar algo, a pesar de que hay tratados de paz firmados con el Estado", señaló el lonko.
Su propia comunidad firmó uno de esos convenios en 1873, por el cual los indígenas se comprometieron a devolver a los cautivos que mantenían bajo su control y a declararse argentinos, mientras que el Estado les garantizaba sus tierras.
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La comunidad mapuche respetó el acuerdo de paz, pero el Estado rompió su palabra al año siguiente, cuando atacó al pueblo aborigen.
Muchas de las tierras ancestrales de los indígenas han quedado en manos de corporaciones mineras y petroleras, lo que alienta el Estado argentino a atraer capitales extranjeros "que hacen su lobby tanto con el Gobierno central como los provinciales".
En zonas como la de Loncopué, en la provincia de Neuquén (suroeste), han surgido movimientos de resistencia a este tipo de emprendimientos, que vienen acompañados de donaciones de dinero para escuelas y clubes en defensa del supuesto progreso y beneficios que acompaña la explotación minera.
En los últimos meses fue centro de la noticia la "Pu Lof" (conjunto de comunidades) de Resistencia, en el departamento de Cushamen (en la provincia de Chubut, Patagonia), con la que se encontraba el joven fallecido Santiago Maldonado.
La autopsia determinó que se había ahogado.
También acaparó los medios en los últimos meses la comunidad Lafken Winkul Mapu, que ocupó un parque nacional situado en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, en la Patagonia.
En un operativo de Gendarmería contra esa ocupación, fue asesinado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel, de 27 años.
Ambas comunidades son un caso particular, advirtió Pincén, porque no cuentan con pactos preexistentes con el Estado, sino que son Pu Lof modernas, "semiurbanas o urbanas, situadas en barrios marginales donde la pobreza es extrema y las soluciones del Estado no llegan".
Marco legal y críticas
La Constitución argentina reconoce "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas", garantiza "el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan", además de avalar "la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano", siendo que "ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos".
El líder indígena explicó que esto viene acompañado de "una politización político-partidista que hace que el problema se vea más complejo".
"En medio de esto, aparecen ciertos personajes, no sólo la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) sino la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) y otros mapuches que alientan este tema de la toma de tierras y que agitan esa necesidad", añadió.
El líder de la comunidad lamentó el proceder de estos grupos, que realizan acciones de sabotaje contribuyendo "a una situación conflictiva y violenta que no favorece", con "decisiones que toman de manera unilateral y no consensuada con el pueblo mapuche".
En paralelo, el Gobierno de Macri ha echado mano de métodos represivos para enfrentar los conflictos con los mapuches, denunció.
"Así como el Estado argumenta que está dentro de su derecho constitucional el defenderse por la vía violenta, también en la vía constitucional están los derechos indígenas que no están siendo cumplidos", advirtió Pincén.
Esta agencia intentó entrevistar tanto a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis, como al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
Sin embargo, fuentes del Gobierno señalaron que ambos funcionarios de momento no quieren brindar entrevistas sobre la situación mapuche para no "interferir" en el diálogo con las comunidades.
