"Este indulto significa que no hay justicia en el país, que no se ha conversado directamente con las víctimas de un conflicto que fue tan fuerte en Perú; este tipo de situaciones se debe conversar antes con las víctimas", señaló Toledo, coordinadora de incidencias en esa organización no gubernamental.
En mayo se reanudó en Perú un debate sobre si sería apropiado un indulto o una ley que permita a presos ancianos con enfermedades graves cumplir el resto de sus penas en sus hogares.
Kuczynski dijo en ese entonces que en el caso de Fujimori "no corresponde un indulto, sino un perdón médico, que será determinado exclusivamente por la opinión de doctores de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del expresidente".
Sin embargo, Kuczynski otorgó el indulto a Fujimori, quien cumplía una pena de 25 años por homicidio calificado, secuestro agravado y actos de corrupción.
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El mandatario hizo el anuncio tras sobrevivir el 21 de este mes, gracias al apoyo de una parte de los sectores fujimoristas, a una iniciativa de destitución por "incapacidad moral" impulsada en el Congreso legislativo.
Irregularidades
"El indulto tiene que regirse por ciertas normas y una de ellas indica que debe ser por una gravedad en cuanto a la enfermedad de Fujimori; nos preocupa que esto no haya sido probado, pues el único médico en evaluarlo fue el del propio Fujimori", explicó Toledo a esta agencia.
A fines de agosto, Fujimori, de 79 años, estuvo internado por una fibrilación auricular (arritmia cardíaca), razón por la cual también fue hospitalizado en mayo.
El pasado mes de octubre, continuó Toledo, Amnistía Internacional envió una carta a Kuczynski indicando que "debía haber médicos internacionales para indicar cuál era la gravedad" del exmandatario.
"No se ha dado el debido proceso, es un tema que tiene que ver con la normativa internacional de crímenes de lesa humanidad y eso se debe transparentar", insistió la especialista.
La justicia consideró a Fujimori autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del Ejército conocido como el grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y de un periodista.
