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No habrá pesquisa independiente en México para exdirigente del PRI acusado de peculado

© REUTERS / Ginnette RiquelmeLogo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El caso de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, acusado de desviar fondos públicos a las campañas oficialistas y detenido en el estado de Chihuahua (norte), no tiene visos de ser objeto de una investigación independiente.

"Las investigaciones independientes las impiden deficiencias del sistema de procuración de justicia por instituciones que no están completamente conformadas, como los órganos de fiscalización electoral", indicó a Sputnik la experta Miriam Castillo, responsable de indagar otros casos de peculado en Chihuahua para la organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Desentrañar el peculado de casi 13 millones de dólares, que habría orquestado Gutiérrez, detenido el 20 de este mes, "depende mucho de cómo se conformen las averiguaciones por parte de instituciones frágiles", añadió la especialista.

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En efecto, hace unos días el Senado designó al nuevo Fiscal Especial para Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana, a solo seis meses de los comicios del próximo 2 de julio, para elegir presidente, todo el Congreso, alcaldes y la tercera parte de los gobernadores provinciales.

Díaz Santana ocupará el puesto vacante desde octubre para remplazar a Santiago Nieto, quien fue destituido por "transgredir códigos de conducta", al revelar a la prensa parte de los expedientes del caso Odebercht, empresa brasileña que reconoce el pago de sobornos por 10,5 millones de dólares en México.

"El rezago de casos de corrupción es de tal envergadura que las autoridades judiciales no han terminado de dictaminar denuncias de presuntos delitos electorales denunciados en los comicios de 2012", lamentó la responsable de MCCI.

Lograr resultados en este caso se presenta como "una misión cuesta arriba, por el entramado que ha quedado visualizado y las primeras declaraciones de los involucrados", que niegan los hechos, agregó.

Conflictos de intereses

Independientemente de los intereses personales en los testimonios, que señalan al oficialismo y a las autoridades federales de Finanzas en 2016, que encabezaba el actual canciller Luis Videgaray, en este caso "se deben observar los síntomas y la instituciones involucradas".

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El esquema que explica el principal testigo "se parece mucho a otros que hemos descubierto en otros estados como Veracruz", donde el exgobernador Javier Duarte ha sido imputado y encarcelado por un multimillonario peculado.

El modelo incluye una triangulación de recursos a través de programas estatales que resultaron de una investigación que hicimos, titulada "La Estafa Maestra", descubierta por MCCI.

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Ese esquema de corrupción fue realizado a través de programas sociales de dependencias federales que contratan servicios irregulares que no realizan empresas fantasmas, que no son auditadas.

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Más allá de los vínculos del partido gobernante y autoridades federales, "lo importante es que todos estos sistemas se replican, hay un patrón en funcionamiento, y la estructura opera de la misma manera", señaló Castillo.

Si ese modelo es desentrañado, estimó, "podría ayudar a formar un mapa de la corrupción que puede servir mucho en el futuro para evitar la corrupción".

El problema radica en las falencias de un sistema: "Las autoridades que investigan y tienen el encargo de rastrear los desvíos de fondos públicos y el modus operandi es gente involucrada desde el inicio en los presuntos delitos de peculado".

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Por ejemplo, mencionó Castillo, el encargado de la Procuraduría federal para investigar el supuesto financiamiento a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto con sobornos pagados por Odebrecht, el extitular Raúl Cervantes había sido el abogado de campaña del PRI, y ganó en esa misma elección un puesto de senador por el PRI.

"Hay muchos conflictos de intereses en las instituciones federales responsables de investigar aún están copadas por personas que no están interesadas en descubrir los delitos", puntualizó la experta.

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El Gobierno de Chihuahua, que encabezó un militante del PRI prófugo de la justicia, César Duarte (octubre de 2010-octubre 2016), habría utilizado programas de educación para desviar 250 millones de pesos (13 millones de dólares) a la campaña del PRI a gobernador el año pasado. 

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