El 20 de diciembre, la Comisión Europea decidió comenzar el procedimiento de sanciones contra Polonia, que, según el Colegio de Comisarios de la UE, se apartó de los principios de la democracia como resultado de la reforma judicial.
"Acepto esta decisión con calma, se trata de la política, y no del imperio de la ley (…) Polonia es un país, un Estado de derecho, debemos continuar con la reforma judicial", dijo Ziobro.
A su vez, la portavoz del partido gobernante del país Ley y Justicia (PiS), Beata Mazurek, declaró que la decisión de la Comisión Europea tiene carácter exclusivamente político.
"Es solo una decisión política que no tiene nada que ver con las acciones concretas, estimamos que es solo una decisión política", dijo Mazurek.
El apartado 2 del mismo artículo del Tratado de la Unión Europea prevé un mecanismo sancionador que podría derivar en la pérdida de los derechos de voto para Polonia, en el caso de una violación grave y persistente.
El 16 de diciembre el Senado de Polonia aprobó la versión final de las leyes sobre la reforma judicial propuesta por el presidente del país, Andrzej Duda.
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A finales de julio, el mandatario de Polonia vetó las leyes judiciales, impulsadas por el partido gobernante Ley y Justicia (PiS), que causaron previamente manifestaciones multitudinarias de la oposición. Más tarde, en septiembre, Duda presentó su versión de las leyes sobre la reforma judicial.
