"La decisión se comunicará en primer lugar a los solicitantes de la licencia", confirmó a Sputnik el portavoz de la autoridad regional en alusión a los representantes en Irlanda de los intereses empresariales de Trump, TIGL Ireland.
El proyecto es heredero de una abandonada propuesta para construir una muralla de 2,8 kilómetros sobre el mismo arenal, que tenía como objetivo contener el fuerte oleaje y otros efectos de la erosión marina que deterioran el campo de golf.
"En el nuevo diseño hay dos muros sumergidos en la arena y solo se ven las secciones altas por lo que parece un proyecto mejor, al menos visualmente, pero fallará en su propósito y con el tiempo requerirá crear muros adicionales", explicó a esta agencia Nick Mucha, coordinador del movimiento Save the Waves.
Los muros propuestos cubrirán 609 metros de playa al sur de la bahía y 256 metros al norte, con otra estructura de 12 metros en dirección al océano Atlántico.
Las asociaciones locales de surf temen perder con estas fortificaciones artificiales un "rompiente de playa" de renombre internacional.
"Las dunas son dinámicas, ecosistemas vivos que interactúan constantemente con la playa y con la tierra más allá, e introducir en este ecosistema una línea estática de terraplén impactará en dichas relaciones", señaló a Sputnik Dave Flynn del West Coast Surf Club.
En conversación con esta agencia desde su residencia en California, Mucha reconoce que un sector de la comunidad de Doonbeg teme perder trabajo o turistas si Clare niega el permiso de obras a TIGL.
"Trump ha dicho desde un principio que se marchará del condado si no se aprueba el muro, pero pienso que es una táctica negociadora", señaló recordando que el enclave sigue operativo pese al fracaso de la primera intentona de reforma estructural.
El experto de Save the Waves presiente que una denegación de la licencia "le forzará a ser creativo y reorientar el campo de golf" dando cobijo natural a los hoyos afectados por la erosión.
Los principales grupos ecológicos y de protección del patrimonio rural de Irlanda se oponen a la nueva licencia, cuya decisión está prevista de anunciarse el 21 de diciembre.
