La ley decreta que a partir de ahora "las Fuerzas Armadas podrán intervenir en amenazas a la seguridad interior cuando estas comprometan o superen las capacidades de las autoridades, y cuando hayan amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional".
Estas son las claves de la polémica iniciativa:
2. Se autoriza el uso legítimo de la fuerza a las FFAA y se prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.
3. Cuando las FFAA se percaten de un delito deberán dar inmediato conocimiento al Ministerio Público o a la Policía para que intervengan, limitándose a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades.
5. Determina que tanto las Fuerzas Federales como las Fuerzas Armadas podrán desarrollar actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior por medio de cualquier método lícito de recolección de información.
Para Barrios Rodríguez, esta ley legaliza una serie de prácticas que ya existen de hecho por parte de las FFAA, institución que comete "violaciones a los DDHH de manera generalizada en el país". El candidato a doctor por el postgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo a Sputnik que "este proceso ya lleva una década, desde que fue lanzada la guerra contra el narcotráfico".
"No hubo suficiente debate en las cámaras del Congreso y tampoco hubo una participación de la sociedad civil ni de miles de víctimas, familiares de desaparecidos, torturados y torturadas, y mujeres abusadas por las FFAA", explicó Barrios Rodríguez. Es por ello que, desde el punto de vista del académico, el interés detrás de esta ley tiene que ver con legitimar la presencia militar en las calles para reprimir las muestras de descontento social.
"La Ley de Seguridad Interior funciona de manera un tanto selectiva, para que el Ejército pueda intervenir en ciertos espacios para paliar los efectos de su accionar, es decir, es una manera de protegerlos cuando ocurren violaciones a los DDHH", sugirió.
Además octubre fue el mes más violento del que se tenga registro en 20 años. Hubo 2.371 casos reportados de homicidio doloso que dejaron un saldo de 2.764 víctimas. Fue la cuarta vez en 2017 que se batió el récord mensual de homicidios, y marcó el mes más violento en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
"En México hemos rebasado umbrales muy peligros de impunidad y autoritarismo. ¿Cómo puede ser que en zonas donde están desplegadas las FFAA sectores del crimen organizado o policías ataquen a la población y los militares no intervienen o sean parte de lo que sucede?", cuestionó el académico.
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Desde la visión de Barrios Rodríguez, esta ley permite una autonomización del accionar de las Fuerzas Armadas que nominalmente dependen del presidente, "pero que en los hechos actúan de forma discrecional en las distintas regiones del país. A partir de ahora se va a incrementar y justificar la violencia que venga por parte del Estado hacia la población".
