La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) convocó a un paro general desde el lunes al mediodía de 24 horas mientras los legisladores oficialistas intentan dar sanción a la norma que cambiará el modo de reajuste de las pensiones. De acuerdo con el Gobierno, la medida permitiría obtener un ahorro en sus arcas de 100.000 millones de pesos en 2018 (5.684 millones de dólares).
Con el parámetro actual, las pensiones sufrirían un aumento del 14% en marzo, mientras que con la propuesta del oficialismo, pasarían a incrementarse en un 5,7%.
Tras los disturbios, el Gobierno propuso un "bono compensatorio" para las jubilaciones menores a 10.000 pesos (568 dólares) para paliar esta diferencia. La mitad de los retirados del país reciben el monto mínimo de 7.246 pesos (411 dólares).
"Todas las medidas que el Gobierno anuncia que son beneficiosas no hacen más que confirmar que se trata de un robo. Primero dijeron que no se iban a reducir. Después resulta que tienen que sacar un bono de compensación. Si hacen eso es porque piensan ahorrar a costillas de los jubilados un montón de dinero", dijo del Plá.
El oficialismo espera aprobar la ley con apoyo de los Gobernadores provinciales y algunos sectores del peronismo. Del Plá lamentó que esto sería un paso más para concretar "un paquetazo contra los trabajadores que se complementa con la reforma laboral y la tributaria"
"Todas con la misma orientación: sacarle a los trabajadores y los jubilados para garantizarle los recursos a los acreedores internacionales y a las patronales, que son beneficiadas por una disminución de impuestos enorme", remató.
El paro de la CGT tuvo amplia aprobación en los gremios docentes, señalo del Pla, donde el acatamiento fue masivo.
El secretario general de la Asociación Bancaria de Argentina, Sergio Palazzo, dijo a esta agencia en la puerta de la entidad mientras empezaba a marchar la columna sindical hacia el Congreso de la Nación que apoyan el paro y están en contra de la reforma "que le quita derechos a los jubilados" y busca "disminuir el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables" del país".
"La semana pasada no pudieron tratar el proyecto, porque se terminó lamentablemente con incidentes y represión por parte de las fuerzas policiales. (…) Esperemos que recapaciten y no avancen en la aprobación de una ley que perjudica a los más desprotegidos", dijo el sindicalista.
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El Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), una de las instituciones financieras más grandes del país, también encontró este lunes a sus trabajadores a las calles. La gobernadora María Eugenia Vidal, perteneciente a la oficialista alianza Cambiemos, intenta cambiar el régimen especial de jubilaciones que tienen los más de 10.000 empleados del Bapro.
Diana Cueva, miembro de la comisión gremial interna del Bapro en la seccional Buenos Aires, dijo a Sputnik que de concretarse las intenciones de la gobernadora, los futuros jubilados bancarios recibirían una pensión con "un recorte de más del 50%" en comparación con los actuales y deberán retirarse a los 70 años, en comparación con los 60 de ahora.
Cueva comentó que a diferencia del "trabajador común del sistema nacional que se jubila con 30 años de servicio y 11% de aportes", los bancarios provinciales aportan entre un 14 y un 19%, durante 35 años y no 30 como los demás y aún tras su retiro siguen aportando al sistema.
"Sabemos que existe un déficit pero nosotros ponemos mucho más que cualquier otro trabajador y esto no es ningún privilegio", remató la sindicalista.
